La sanidad fue en 2023 el principal motivo de queja de los gallegos que registraron reclamaciones ante la Valedora do Pobo. Del total, un 22,11% de ellas giraron en torno a este ámbito.

Este es uno de los datos recogidos en el Informe anual del organismo, que este viernes la Valedora do Pobo, Dolores Fernández Galiño, ha entregado al presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices.

Ya en rueda de prensa, Galiño ha querido poner el foco en la marcada «interseccionalidad» de la discriminación que reflejan los asuntos abordados el año pasado — personas que acumulan diversas causas discriminatorias, tales como raza, discapacidad o sexo –.

Para la valedora, aquellos que están «en los márgenes» son los que «más necesitan de la igualdad que prometen las instituciones» y, por tanto, de la actuación de la organización.

Así, ha animado a situar a estas personas «en el centro de las políticas públicas» y a «crear alianzas y estrategias comunes entre movimientos sociales». «Esto ayuda a que todo el conjunto de la sociedad avance», ha destacado.

En general, los datos se mantienen estables respecto a 2022. El número de actuaciones el año pasado fue de 25.227 respecto a las 25.551 de 2022, mientras que el número de asuntos fue de 3.737 frente a los 3.958 de 2022.

Sin embargo, el número de expedientes abiertos sí ha aumentado, concretamente un 61,85%. En 2023 fueron 16.417 frente a los 10.143 del año anterior.

También ha aumentado el número de resoluciones, con un «registro histórico» de 649 resoluciones frente al del año pasado de 503, que según ha remarcado la Valedora, ya fue de record. Así, aumentó en un 29%.

A todo esto hay que sumar las actuaciones de oficio de la institución, que en 2023 fueron 37 — principalmente en medio ambiente e inclusión social –. Cae la cifra desde las 91 que se llevaron a cabo en 2022.

Las áreas de la Institución con más actividad, además de Sanidad con un 22,11% de reclamaciones, fueron la de Empleo Público y Trabajo, con un 12,09%; e Inclusión Social, con 10,02%.

En cuanto a las quejas referidas a ayuntamientos, el que más ha recibido ha sido el de A Coruña, con 96; seguido de Santiago, con 84 y de Vigo, con 72.

SANIDAD: QUEJAS POR FALTA DE PEDIATRAS

El informe refleja que el número total de quejas recibidas respecto a la sanidad gallega fue de 3.154, que se corresponden con 825 asuntos — esta diferencia se debe, explican, a que se registraron varias quejas colectivas, quejas promovidas por diferentes personas con la misma temática –.

Apuntan que muchas de las quejas versaban sobre la «escasez» de personal facultativo y de enfermería (en el centro de salud de Chantada y en el Punto de Atención Continuada de Chantada y Carballedo, por ejemplo), pero destacan las reclamaciones por la falta de facultativos especialistas en pediatría. Esto último, «como se manifestó en informes anteriores», es un «problema estructural».

Otro tema recurrente, señalan, son las quejas por las listas de espera. Sobre esto, la institución realiza varias recomendaciones a la Administración, como facilitar información sobre la prioridad asignada por los profesionales sanitarios a las intervenciones y programar las pruebas complementarias prescritas por los facultativos en un tiempo razonable.

En lo que respecta a la derivación a centros privados, la Valedora do Pobo señala que en aquellos casos en los que se le ofrezca a los pacientes esta opción, debe facilitarse «información útil» al respecto de las consecuencias que tiene rechazar el centro alternativo en la lista de espera.

INCLUSIÓN SOCIAL: QUEJAS POR FALTA DE PLAZAS EN RESIDENCIAS

El segundo ámbito en el que se recibieron más quejas en 2023 es el de inclusión social, con 6.817 reclamaciones referidas a 374 asuntos.

Analizadas las quejas, instan a que la administración electrónica no sea la única vía de comunicación con las administraciones por la eliminación de la atención presencial, «imprescindible para sectores de la población que no dominan las tecnologías y son vulnerables».

Otro de los temas abordados son los retrasos en las valoraciones de discapacidad. «Desde hace tiempo recomendamos a la consellería competente que adopte las medidas precisas para corregir los atrasos», apuntan.

En esta línea, también sobresalen las quejas relacionadas con la asignación de recursos una vez aprobados ya para personas con dependencia. «Las posiciones retrasadas en las listas no hacen prever una atención a corto plazo y dado que la situación de cada persona varía en poco tiempo, la incerteza puede prolongarse, a lo que se suma que no existe información directa, sino que debe ser solicitada», lamentan.

Ven una relación «directa» con la «infradotación económica» desde la puesta en funcionamiento del sistema de atención a la dependencia, «con diferente participación de cada una de las administraciones».

Con todo, las quejas «más numerosas y relevantes» versan sobre las listas de espera para plazas residenciales, que afectan a plazas públicas y concertadas.

«Los retrasos pueden prolongarse años e incluso hacen que se den fallecimientos sin llegar a recibir atención. Las listas de espera ponen de relieve la insuficiencia de las plazas residenciales públicas y concertadas. Y eso hace que recomendemos el incremento de las plazas ofertadas», remarcan.

DISCRIMINACIÓN INTERSECCIONAL

La Valedora ha explicado que, dado que en años anteriores sus informes se centraron es aspectos concretos de la discriminación como el género, la raza o la edad, este año han apostado por analizar la interseccionalidad de la discriminación, donde ha destacado el género.

«¿Por qué se repite el género en tantas situaciones de interseccionalidad? Porque los prejuicios de género son omnipresentes, son invisibles y mutan. Y, por tanto, es muy fácil que se añadan otros prejuicios como puede ser la raza, la condición de exclusión social o la discapacidad», ha explicado.

Sobre esto, ha destacado que las mujeres con discapacidad están «en una peor situación» que los hombres con discapacidad y que las mujeres sin discapacidad. Ha puesto como ejemplo la violencia de género de larga duración — aquella que se extiende en el tiempo más de cinco años –, que sufren un 18% más las mujeres con discapacidad.

En esta línea, ha sacado a la palestra la situación de las mujeres afectadas por la fibromialgia, que en un 90% afecta a mujeres que afrontan dificultades para ver «reconocida la trascendencia de esta enfermedad». «Recomendamos que la valoración de la fibromialgia se haga de forma diligente y prioritaria para no dificultar el acceso de estas mujeres al mercado laboral», ha defendido.

Respecto a la discriminación multifactorial, Galiño ha citado las quejas tramitadas por la imposibilidad de apuntar a un niño con discapacidad a campamentos de conciliación, al ser uno de los requisitos que ambos progenitores estuviesen trabajando. «Se ignora que la discapacidad conlleva, muchas veces, que uno de los progenitores, habitualmente la madre, deje de trabajar», ha señalado.

También ha puesto el foco en las mujeres cuidadoras, muchas veces de avanzada edad, y en la población de etnia gitana y ha recordado que Fundación Secretariado Gitano reclama el desmantelamiento de los asentamientos chabolistas y la reubicación «siempre con una perspectiva de infancia y género» para asegurar intervenciones que «garanticen la igualdad».