El PP ha defendido la flexibilización del uso de otros idiomas, más allá del gallego, en los contenidos de la CRTVG que se contempla en la reforma de la ley de medios diseñada por el Gobierno gallego, pues entienden que el empleo de lenguas como el español o el inglés permitirá proyectar Galicia y su cultura «al mundo».

Así lo ha manifestado la diputada del PP Carmen Pomar, encargada de defender la postura del grupo mayoritario durante el debate de una iniciativa del BNG que reclama la retirada del anteproyecto aprobado por la Xunta en julio y que superó el período de alegaciones durante el mes de agosto.

El texto, que será votado y, previsiblmente, se topará con el ‘no’ este miércoles del PP, rechaza la reformulación del marco legislativo de los medios públicos de Galicia al entender, en palabras de la diputada nacionalista Olalla Rodil, que supone un «enorme retroceso democrático», un «asalto» a la CRTVG y un «ataque directo a los derechos lingüísticos».

«Dejen de arrastrar la CRTVG por los suelos, porque no le pertenece a nadie», ha aseverado Rodil en su primer turno de palabra, en el que ha censurado lo que interpreta por un intento del PP de poner los medios públicos gallegos «no ya al servicio de un gobierno, sino al servicio de un partido» al «eliminar» los mecanismos legales recogidos en la anterior ley, aprobada hace una década y que, según Rodil, «nunca se cumplió».

Según Rodil, al PP «como no le llegaba con incumplir» la ley de medios «durante los últimos diez años» pretende ahora «hacerse sin caretas con el control de la CRTVG» a través de una reforma legislativa que «roza lo inadmisible» y se ha topado con el rechazo de colectivos como la Mesa Audiovisual de Galicia, que aglutina a las principales organizaciones de profesionales del sector.

Frente a ello, la diputada popular ha defendido que la reforma pretende adaptar un marco normativo para los medios públicos que se había quedado «obsoleto» por los cambios en las directivas europeas y estatales y en el propio sector audiviosual desde la perspectiva de los consumos, los productos o las demandas del público.

Tras incidir en que el texto «ni siquiera ha sido registrado en el Parlamento», Pomar ha acusado a los nacionalistas y socialistas de «en vez de afrontar el debate» sobre la adaptación de la CRTVG a la nueva realidad del sector decidan activar «la máquina del fango» con «mentiras» sobre la falta de independencia o el mecanismo de elección del director del ente público.

Sobre esto último, relativo a la rebaja del apoyo parlamentario necesario para elegir al director xeral de la CRTVG y que abre la puerta a que este pueda ser designado con la mayoría absoluta que actualmente tiene el Partido Popular en el Pazo do Hórreo, la diputada del PP ha defendido que los cambios refuerzan «la transparencia» en la elección.

En cuanto a la flexibilización de otros idiomas, Pomar ha remarcado que el gallego «es la principal razón de ser de la CRTVG» y que «lo seguirá siendo por mucho tiempo», si bien ha afirmado que permitir el uso de emisiones en castellano o inglés ayudará a hacer «llegar» a gente «de todo el mundo» la «cultura de Galicia».

Frente a este argumento, y ya en el turno de cierre del debate, Olalla Rodil ha recordado que los últimos premios internacionales y nacionales en áreas como la literatura, el cine o la música cosechados por la cultura gallega se dieron en productos y creaciones en la lengua propia de Galicia. «Un poco más de quererse, señores del Partido Popular», ha apostillado la diputada nacionalista.

Por parte del PSdeG ha tomado la palabra la diputada Carme Rodríguez Dacosta, quien ha sentenciado que, de salir adelante la reforma, se producirá una «merma hasta límites insospechados» de la independencia de los medios públicos gallegos.

Así, también ha puesto el foco en el rechazo generado por un texto en el que «no se ha tenido en cuenta» la opinión de los trabajadores, organizaciones del sector, partidos, sindicativos o colectivos e instituciones en defensa de la lengua y cultura de Galicia.

Por último, Armando Ojea (Democracia Ourensana) ha incidido en que «lo lógico» es que un medio de comunicación «no dependa» del Ejecutivo, máxime cuando se trata de un medio de carácter público que, a su juicio, «no debería funcionar» en las mismas coordenadas y perseguir los mismos objetivos que uno de carácter privado.