El Servizo Galego de Saúde todavía está pendiente de aplicar cuatro de las demandas formuladas por el Consello de Contas en un informe fiscalizador sobre su actividad en 2022 en el que cuestiona la gestión de fondos por contemplar como gastos extraordinarios desembolsos que el ente ve estructurales.

En respuesta a una pregunta hecha por la diputada socialista Patricia Iglesias en la Comisión 3ª de Economía y Presupuestos, reunida este jueves, la interventora general de la Xunta, Almudena Chacón, ha asegurado que cuatro de las recomendaciones hechas por Contas todavía están pendientes de aplicarse, si bien ha subrayado el compromiso del Gobierno gallego por hacerlo.

Se trata de las demandas en materia de refuerzo del sistema de compras centralizado, el cómputo de la financiación de las tres fundaciones sanitarias adscritas a la Consellería de Sanidade, los contratos de servicio por medios ajenos y los diarios de operaciones.

Sobre la reclamación de la diputada socialista acerca del gasto desplazado, que cifró en casi 500 millones en el año 2022, la interventora ha defendido que «no se trata de facturas» que «se metan en un cajón» procedentes de otros ejercicios, sino que éstas tienen «reflejo en la contabilidad», «no en la presupuestaria» sino en «una creada específicamente» para esto y que «se comunica a efectos de cómputo de gasto».