El año en la política autonómica echará a andar definitivamente la próxima semana con la celebración del primer pleno del curso tras el parón estival, en el que los grupos de la oposición tratarán de redoblar su presión sobre la Xunta poniendo el foco en los contratos de la pandemia y el sobrecoste de 470 millones de euros en la construcción del hospital Álvaro Cunqueiro en una sesión en la que la mayoría del PP posicionará al Parlamento gallego a favor del reconocimiento internacional de Edmundo González como vencedor de las elecciones en Venezuela.

Los diputados volverán al hemiciclo el 10 de septiembre, un día antes de lo que hagan a las aulas los escolares gallegos. En víspera de la ‘vuelta al cole’, comparecerá, a petición propia, el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, para informar sobre el inicio de curso, en el que se aplica el acuerdo con parte de los sindicatos para, entre otras novedades, iniciar la aplicación de la bajada de ratios de alumnos por clase.

Antes de que Rodríguez defienda en la Cámara que el próximo curso será, como señaló la pasada semana, el de la «mayor modernización» del sistema escolar gallego en los últimos 30 años; el pleno debatirá la propuesta del Bloque para crear una comisión de investigación sobre los contratos de la Xunta en la pandemia y el coste del hospital vigués Álvaro Cunqueiro; asuntos sobre los que pretendía que diese respuesta el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en una comparecencia que se topó con el rechazo del grupo que sustenta al Gobierno autonómico.

El orden del día del primer pleno del curso ha quedado fijado en la junta de portavoces, que ha dado forma este martes a una sesión que vivirá el primer careo de Rueda con los portavoces de la oposición –Ana Pontón (BNG) y José Ramón Gómez Besteiro (PSdeG)– del curso. La primera cuestionará las «prioridades» del Gobierno gallego que el Bloque ve «alejadas» de los «problemas reales» de Galicia, mientras que el socialista lo hará sobre el coste de la construcción del CHUVI tras el informe del Consello de Contas que analizó el modelo de financiación por concierto elegida.

Precisamente, indagar sobre el coste del hospital vigués y los contratatos suscritos por la Administración autonómica con Eulen y durante la pandemia es la razón por la que el Bloque quiere que se constituya lo que su viceportavoz, Luís Bará, ha definido como una «macrocomisión de investigación» ante la «bola de nieve de irregularidades» cometidas desde la Xunta por una forma de contratar basada «en el nepotismo y el amiguismo».

Cuestionado en rueda de prensa sobre si el PP podría facilitar que salga adelante la creación de esta comisión de investigación parlamentaria, el portavoz popular, Alberto Pazos Couñago, ha invitado a los grupos de la oposición a valerse del mecanismo del reglamento de la Cámara que les permite activar un organismo de este tipo sin necesidad de que exista un acuerdo mayoritario en el hemiciclo.

«Dudo mucho que lo hagan», ha espetado Pazos Couñago, que cree que los grupos de la oposición «amagan y no dan» porque «saben que detrás de la algarada y el discurso encendido no hay nada» irregular ni en los contratos sobre los que ponen el foco ni en la construcción del Álvaro Cunqueiro.

Por su parte, el grupo mayoritario empleará sus votos para posicionar al Legislativo gallego a favor de la oposición venezolana en su reclamación de que la comunidad internacional reconozca a Edmundo González como vencedor legítimo de los comicios celebrados en julio. A través de una proposición no de ley, los populares reclamarán al Gobierno que abandone su «incomprensible tibieza» sobre el «fraude electoral» cometido por «el régimen» de Nicolás Maduro.

«SABLAZO» DE SOGAMA

Otro de los asuntos en los que la oposición coincide en llevar al primer pleno del año es la subida del canon que Sogama cobra a los ayuntamientos gallegos por la recogida de la basura y su traslado a las plantas de tratamiento, que pasa de 68 a 108 euros por tonelada de residuos.

Como han expuesto en las comparecencias ante los medios el viceportavoz nacionalista, Luís Bará, y su homóloga en el Grupo Socialista, Elena Espinosa; la oposición llevará a la Cámara iniciativas para arrancar a la Xunta explicaciones sobre lo que consideran la constatación del «fracaso» de un modelo de tratamiento de residuos «obsoleto» que va en contra de las directrices europeas que penalizan el depósito e incineración como forma de gestionar la basura.

PP: PROBLEMAS EN LA RED FERROVIARIA

Además de la situación política en Venezuela, los populares también llevarán al pleno otra proposición no de ley para demandar de nuevo el restablecimiento de los servicios ferrovarios suprimidos durante la pandemia después de un verano, según Pazos Couñago, marcado por los «problemas» de los trenes de Renfe.

Asimismo, cuestionarán al Gobierno autonómico sobre las ayudas a la incorporación de jóvenes a la actividad agroganadera, los apoyos a los ayuntamientos para la contratación de socorristas durante el verano y el cumplimiento por parte del Ejecutivo central de las medidas recogidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

BNG: BONO SOCIAL TÉRMICO Y VIVIENDA

Por parte del primer grupo de la oposición, el Bloque interpelará a la Xunta sobre la crisis de acceso a la vivienda, especialmente por el impacto de los pisos turísticos y su proliferación con la «connivencia» del Gobierno gallego.

Además, demandará medidas contra la expansión de la enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE) que afecta a las explotaciones ganaderas y exigirá al Gobierno gallego que rectifique la eliminación del complemento autonómico al bono social térmico, una decisión que, según Bará, evidencia que el PP «gobierna en contra de los que menos tienen».

PSDEG: VUELTA A LAS CLASES Y SINIESTRALIDAD LABORAL Por último, el Grupo Socialista defenderá en el pleno que la Xunta refuerce los apoyos a las familias ante la vuelta a las clases y solucione los «problemas» de efectivos sanitarios en el centro de salud de Cerdedo-Cotobade (Pontevedra).

A mayores, pedirá explicaciones sobre las cifras de siniestralidad laboral que presenta la Comunidad gallega, que alcanza en los últimos meses «datos alarmantes», según ha manifestado Espinosa.