El PP y las comunidades autónomas que gobierna presentaran en próximas fechas sus recursos de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía aprobada el pasado mes de mayo para perdonar una década del proceso independentista catalán. Los ‘populares’ también intentarán apartar de la deliberación a tres de los doce magistrados del Tribunal Constitucional (TC): su presidente, Cándido Conde-Pumpido, y los dos miembros que procedían del Gobierno de Pedro Sánchez, el exministro Juan Carlos Campo y la ex directora general de Moncloa Laura Díez.

La Ley de Amnistía fija tres meses para poder impugnarla desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que tuvo lugar el pasado 10 de junio.

El PP interpondrá su recurso de inconstitucionalidad a la vuelta de las vacaciones de verano, según anunció su secretaria general, Cuca Gamarra, a Europa Press en una entrevista. A su juicio, la Ley de Amnistía es una «mala ley» con efectos irrevocables porque ya no se podrá procesar a los que han sido amnistiados y se salta la igualdad de todos los españoles.

La dirigente avanzó además que recusarán a los magistrados Conde-Pumpido, Campo y Díez, ya que «no dan garantías –considera el PP– de imparcialidad ni de independencia en la resolución a la hora de conocer y de resolver un recurso de esa magnitud».

Si estos tres magistrados fueran apartados, la mayoría en el tribunal de garantías se daría la vuelta ya que de siete a cinco a favor de los progresistas se pasaría a cinco a cuatro con victoria de los conservadores.

OTRA RECUSACIÓN ACABÓ EN EL TEDH

La recusación de magistrados ha sido utilizada en anteriores ocasiones por el PP. Así, en el recurso contra la Ley de Aborto de 2010, que se resolvió el pasado año, el PP quiso apartar a Conde Pumpido, al exministro Campo y a otros dos magistrados por cercanía con el Gobierno, pero el TC lo rechazo.

Uno de los firmantes de aquel recurso era el exministro Federico Trillo, que pidió amparo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que, en una reciente resolución, avaló la decisión del TC alegando que no podía recurrir en nombre de todos los recurrentes y que en ningún momento había planteado que la ley de aborto afectara a sus derechos y libertades.

En esta legislatura, desde el Congreso solo el PP puede recurrir esa ley ante el Constitucional, dado que Vox quedó tras las últimas elecciones generales por debajo del mínimo de diputados que se exige –50– para poder hacerlo y solo podría participar de esos recursos en los parlamentos autonómicos donde sume mayoría con los ‘populares’.

ABRE LA PUERTA A OTROS PARTIDOS

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, abrió la puerta a que se sumaran Vox y los partidos contrarios a la medida de gracia al ‘procés’, para que puedan sumarse a los recursos a través de su grupo parlamentario en el Congreso y de sus mayorías en cámaras autonómicas.

«Si el resto de organizaciones que no están legitimadas, porque no tienen capacidad para hacerlo, quieren unirse a los recursos de inconstitucionalidad que presenta el Partido Popular, las puertas están abiertas», planteó Feijóo en una entrevista con Europa Press.

El jefe la oposición indicó que el PP presentará un recurso «sólido» que va a «beber» de las alegaciones que ha hecho el Tribunal Supremo –como su rechazo a amnistiar la malversación del ‘procés’ y las cuestiones de inconstitucionalidad sobre la desobediencia–, «más aquellas otras que consideren oportunas sus departamentos jurídicos».

Feijóo afirmó que su partido ha sostenido desde el principio que la amnistía va «contra la igualdad de los ciudadanos ante la ley y no cabe en la Constitución», por lo que el PP –añadió– usará «todos los instrumentos» para revertirla.

NUEVE COMUNIDADES DEL PP Y CASTILLA-LA MANCHA

En esta línea, casi todas las comunidades autónomas gobernadas por el PP han confirmado que presentarán recursos ante el Constitucional contra la Ley de Amnistía.

Los gobiernos ‘populares’ de la Comunidad de Madrid, Andalucía, Región de Murcia, Baleares, Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura y Cantabria han hecho pública en los últimos meses su intención de formular recursos de inconstitucionalidad.

Por su parte, la Xunta de Galicia pidió a su Consejo Consultivo que se pronuncie sobre un recurso contra la ley al considerar que «sobran los motivos» para actuar «en defensa del Estado de Derecho», mientras que el Ejecutivo de La Rioja no ha dado pistas de si lo presentará.

A las comunidades administradas por el PP se unirá Castilla-La Mancha, que preside Emiliano García-Page, muy crítico con el perdón al ‘procés’ y las cesiones de su partido, el PSOE, a los partidos independentistas.

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha aprobó interponer un recurso tras estudiar el dictamen encargado a su Consejo Consultivo, cuyas conclusiones son «contundentes» respecto a la inconstitucionalidad de la norma, que –a su juicio– vulnera el principio de igualdad. Además, planteaba que la aprobación de la amnistía habría requerido de una reforma constitucional.