La Comisión Europea no está dispuesta a aceptar los argumentos esgrimidos por el Gobierno de España –tanto en un primer informe como en el segundo, remitido hace unos días en respuesta a una segunda carta de emplazamiento– para defender la prórroga de la concesión de la autopista AP-9, al entender que dicha decisión se adoptó para valorizar la infraestructura de cara a su privatización, y que no es aplicable la excepción ‘in house’ defendida por el Ejecutivo español.

Ésa es la posición que, en diferentes momentos, se ha trasladado a eurodiputados gallegos que han preguntado sobre la tramitación del expediente de infracción abierto a España, al considerar que vulneró la normativa europea por no convocar un concurso público en lugar de aprobar la prórroga directamente (una prórroga de 25 años, hasta 2048).

Y así se lo trasladaron miembros de la Comisión al eurodiputado socialista Nicolás González Casares, en un encuentro mantenido el pasado 17 de julio, en el que los responsables europeos expresaron su esperanza de que España renuncie a mantener como justificación esa excepción ‘in house’ (aplicable cuando la decisión se toma de manera interna por un poder público, sobre un servicio público, como era en ese momento la AP-9). Al respecto, la Comisión insiste en que el Gobierno (en el año 2000, presisido por José María Aznar) amplió la concesión sabedor de que, poco tiempo después, iba a vender la autopista, para aumentar su valor.

En ese sentido, González Casares ha apuntado, en declaraciones a Europa Press, que la Comisión «no le dice a España cómo tiene que solventar la situación», sino que «tiene que ser el Estado miembro el que negocie y plantee una propuesta». Al respecto, ha señalado que, entre las alternativas posibles, está sacar a concurso una licitación de la concesión o bien negociar con la empresa que explota la autopista (Audasa) una rescisión del contrato, una opción que el propio ministro español de Transportes, Óscar Puente, ha descartado por el elevado coste que supondría par las arcas públicas (que cifró en unos 4.000 millones).

El europarlamentario gallego ha recordado, no obstante, que la situación es fruto de una «herencia envenenada» del PP y que, en ese sentido, el Gobierno puede alegar estar indefenso porque «ellos no tomaron esa decisión». González Casares ha subrayado que los socialistas gallegos no comparten la prórroga acordada por el gobierno de Aznar, una «decisión nociva» para Galicia, aunque ha matizado que, como eurodiputado, defiende «que se respete el derecho comunitario».

Finalmente, tras reiterar que la Comisión «no acepta las justificaciones» de España, ha insistido en las dos vías posibles, a priori, para dar solución a esta situación, o bien un rescate o bien licitar nuevamente la concesión, aunque ha añadido que, esta segunda opción, «no gustaría» en Galicia.

PÉRDIDA DE «OPORTUNIDAD»

Por su parte, la eurodiputada del BNG, Ana Miranda, ha lamentado que el Gobierno de España se empeñe en mantener unos argumentos que la Comisión ya ha rechazado –y así se lo han trasladado las autoridades europeas a la propia Miranda– y ha señalado que la «indefensión» que alega el Ejecutivo no es sino «connivencia» del PSOE con el PP.

Al respecto, Miranda ha subrayado a Europa Press que «ahora es la oportunidad» de poner fin a la concesión para tener una autopista «gallega y libre de peajes», y acabar así con la «trapallada» que dejó en herencia el PP a los gallegos. «Pero se ponen de perfil, me pregunto qué intereses hay detrás», ha aseverado, antes de repetir que «hay que dar un paso adelante», y de anunciar que ella se va a «empeñar hasta el final» para conseguir la anulación de la concesión.

Sobre la justificación del Ministerio de Transportes acerca del alto coste de rescatar la AP-9, Ana Miranda ha puntualizado que «no tiene por qué ser así», ya que si la Comisión declara que la prórroga fue ilegal, sería el Estado el que podría reclamar lucro cesante. Además, ha añadido, en caso de que no haya una propuesta alternativa por parte de España, la infracción que ahora investiga la Comisión podría acabar en el Tribunal de Justicia Europeo y, «si el TJUE condena al Estado, los ciudadanos pagarían doblemente, la concesión y la multa, y Audasa se reirá de todos».

La eurodiputada nacionalista, que ha presentado varias preguntas a la Comisión acerca de este expediente de infracción, ha avanzado que el BNG está preparando un informe exhaustivo, de la mano de la UDC, «que demuestra la ilegalidad de la prórroga» y es que «hay indicios más que evidentes de que esto fue muy mal hecho, y que la Comisión tiene razón». «España puede alegar lo que quiera, pero si no se cumplió la ley, no se cumplió», ha concluido.

Sobre esta cuestión se ha pronunciado también este miércoles el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, que ve «escandaloso» que el Gobierno alegue «indefensión» para justificar el mantenimiento de la concesión hasta 2048.

Tras lamentar que el Gobierno socialista asume el papel de «cómplice de la injusta resolución de Aznar», ha señalado que es «incoherente» decir que no comparte la decisión y pretender mantenerla, y ha cuestionado también la fiabilidad de las cifras esgrimidas por el PSOE para rechazar el rescate.

CRÍTICAS DEL PPdeG AL GOBIERNO

Por su parte, el PPdeG ha expresado su «sorpresa» por tener que conocer a través de los medios la posición del Gobierno español en este procedimiento, y ha recordado que la Xunta ha encargado un estudio para conocer si las cifras dadas por el Ministerio de Transportes para un eventual rescate (unos 4.000 millones de euros a los que habría que sumar otros 6.000 millones por la transferencia) son «fiables».

El portavoz ‘popular’ de Infraestructuras en el Parlamento gallego, Roberto Rodríguez, ha reclamado «seriedad, transparencia y objetividad», y ha asegurado que la Xunta trabaja «para tener una AP-9 gallega, transferida con medios para su gestión y libre de peaje, tal y como se comprometió el Gobierno con sus socios nacionalistas».