Los tres sindicatos que firmaron en octubre del pasado año el acuerdo educativo con la Xunta –CC.OO., UGT y ANPE– estudian recurrir a los tribunales para demandar «el cumplimiento al 100%» de las bajadas de ratios y horario lectivo recogidas en el documento al entender que la Consellería de Educación ha iniciado una aplicación «progresiva», algo que, según remarcan las organizaciones sindicales, «no está recogido» en el pacto.

Así lo han trasladado los portavoces educativos de los sindicatos CC.OO., José Fuentes, y Anpe, Julio Díaz, en declaraciones a Europa Press este jueves, un día después de que el Diario Oficial de Galicia (DOG) publicase la modificación del catálogo de unidades del sistema público en las etapas de Infantil y Primaria.

El catálogo aplica el acuerdo suscrito entre la Xunta y los sindicatos Comisiones, UGT y Anpe. Así, el próximo curso estarán en funcionamiento 7.336 aulas, dos más que en el pasado año académico, pese a la caída de 4.030 en las matrículas registradas; un dato del que ha sacado pecho la Xunta y que valoran los sindicatos firmantes, aunque censuran que el acuerdo «no se cumple al 100%» y piden que se implementen «ya» las bajadas de ratios contempladas.

En declaraciones a los medios este jueves en Poio (Pontevedra), el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, ha asegurado que la aplicación del acuerdo ha permitido «salvar más de 200 aulas». «Los datos son contundentes», ha aseverado Rodríguez, que ha puesto el foco en que la caída de matrículas en los dos primeros niveles educativos no se traduce en eliminación de aulas, sino que «habrá más y más profesores», con lo que «mejoran las ratios».

En todo caso, el conselleiro ha avanzado que de cara al inicio de curso todavía se contemplan nuevas incorporaciones de docentes hasta el mes de septiembre, por lo que las cifras conocidas el miércoles no son la foto fija de cómo quedará el curso 2023/24.

SINDICATOS, A LA ESPERA DE SEPTIEMBRE

Los sindicatos ponen la vista en el inicio de curso y conocer cuál es la situación final de las unidades docentes y las ratios para el año académico, pero advierten que «pelearán» por que el acuerdo «se aplique al 100%» a través de movilizaciones durante el comienzo de curso. Incluso, estudian recurrir a los tribunales para lograrlo.

En declaraciones a Europa Press, José Fuentes (CC.OO.) ha reconocido que la relación de unidades deja una «doble sensación». Por un lado, «satisfacción importante» por ver que la bajada de 4.000 alumnos matriculados no se traduce «como en los últimos años» en desaparición de aulas; una cuestión «numérica y, por lo tanto, indiscutible».

Sin embargo, lamenta que el documento «no se cumple» en su totalidad y existen centros «en los que no se cubren las plazas que se debería», especialmente en los que precisan desdobles y en colegios del rural que tienen aulas mixtas compartidas por pequeños de distintas edades y niveles educativos.

Así pues, ha emplazado al mes de septiembre para conocer qué número de plazas asigna finalmente la consellería y a dónde se dirigen antes de estudiar los pasos a seguir para reclamar el cumplimiento «total» del documento suscrito hace casi ya un año. Matiza que una huelga no está sobre la mesa, pero sí movilizaciones e, incluso, la vía judicial.

En la misma línea se ha pronunciado el presidente de Anpe, otro de los sindicatos que suscribieron el acuerdo de octubre de 2023, que entiende que el documento «no se interpreta en la línea en la que se firmó» porque, pese a suponer un «avance importantísimo» que limita la eliminación de aulas, no contempla una aplicación «progresiva» de la bajada de ratios.

«No vamos a renunciar al acuerdo porque es muy bueno. Incluso, veremos si hay que recurrir a alguien externo y que un juez diga si está bien interpretado y aplicado», ha aseverado Julio Díaz, que ha insistido en que los sindicatos pelearán «que se aplique toda la extensión de los 17 puntos» contemplados en el documento, ya que entienden que la Xunta no está cumpliendo con lo relativo a las ratios y la atención a las minusvalías.

CIERRE DE CENTROS

En cuanto al cierre de centros, Comisiones y Anpe entienden que los seis clausurados (cinco de infantil y un colegio) responden a criterios objetivos por el bajo número de alumnos inscritos. «Hay que entender que los centros de infantil, no son guarderías. Tienen una parte educativa que es la fundamental», ha apostillado Fuentes.

Más crítica se ha mostrado la CIG, cuyo secretario de Acción Sindical en Educación, Diego Boquete, ha censurado el cierre de estos centros que, como ha subrayado, se concentran en municipios del rural.

«En vez de potenciar el rural con servicios públicos, los recortan», ha indicado el responsable del sindicato nacionalista, que también es crítico con el número de unidades para el próximo curso, en el que «los números reales salen igual» en comparación con el año académico anterior.

El de la CIG, sindicato que se desmarcó del acuerdo de octubre de 2023, espera protestas y movilizaciones de las asociaciones de madres y padres en el mes de septiembre cuando se conozca el reparto definitivo de recursos docentes.

«La forma de actuar de la consellería revela que educación funciona como una feria. Si protestas, te lo damos. Si te callas, no», ha añadido Boquete, que carga contra la falta de refuerzos en personal de apoyo al alumnado con necesidades especiales o el «baile» en la configuración de las orientaciones compartidas.

VILAGARCÍA Y POBRA DO BROLLÓN

El reparto de profesorado y unidades para el próximo curso, así como el cierre de centros, ha provocado ya reacciones en varios ayuntamientos. Así, el ayuntamiento lugués de A Pobra do Brollón ha convocado un pleno extraordinario para este domingo que tendrá lugar antes de la manifestación que protestará a las 12,00 horas por los «recortes» de profesorado en el colegio del municipio.

En un comunicado remitido a los medios este jueves, el consistorio que encabeza el regidor nacionalista Xosé Lois Maceda critica que Educación deja con un «profesor menos» al colegio, en el que tres docentes deberán atender 33 alumnos de Primaria divididos en dos aulas de 16 y 17 alumnos.

«Las familias piden un docente más y un reparto más equitativo de los cursos, que agrupan a estudiantes de niveles muy dispares y, además, superan las ratios recomendadas por la propia Xunta», añade el gobierno local, que ha solicitado una reunión con la Subdelegación del Gobierno en Lugo para trasladar la preocupación de la comunidad educativa, al tiempo que apela a la Consellería de Educación a «reflexionar».

«Si queremos evitar la despoblación y garantizar a todo el mundo los mismos derechos, los servicios que se presten en el rural deben ser iguales a los que se presten en otras villas y ciudades», ha sentenciado el alcalde.

También ha criticado la supresión de centros el gobierno de Vilagarcía de Arousa, municipio que suma dos de las cinco escuelas infantiles unitarias cerradas por falta de alumnos — Guillán y Soloboreira– en una decisión de la Consellería de Educación que interpretan como un «flaco favor al medio rural».

El gobierno que encabeza el regidor socialista Alberto Varela reivindica las escuelas unitarias como «un elemento fundamental para fijar a habitantes en zonas despobladas al contribuir a consolidar y atraer vecinos a las parroquias rurales».