El portavoz de Medio Ambiente del BNG, Luís Bará, ha tachado de «simulacro» la tramitación ambiental del proyecto que Altri quiere instalar en el municipio lucense de Palas de Rei y ha acusado a la Xunta de no ser «imparcial» y de tener «trato de favor» con la multinacional lusa.
Así, tras hacer referencia al informe del Instituto de Estudos do Territorio que reconoce que la planta «puede producir un impacto paisajístico considerable» y que pide a la empresa una docena de medidas correctoras, el diputado del BNG ha reprochado que la ciudadanía conozca estos documentos «por informaciones periodísticas».
«Esto deja claro cuál es el ‘modus operandi’ de la Xunta en este tema. Se caracteriza por la falta de transparencia, ocultación de información; se está creando una especie de simulacro de tramitación ambiental cuando está todo ya atado y bien atado y se pone de manifiesto el trato de favor de la Xunta a Altri», ha aseverado este lunes en rueda de prensa.
En cuanto a la «ocultación de información», Bará ha pedido que los informes sobre este proyecto sean «públicos» para «garantizar el acceso de la ciudadanía a la información ambiental». Por eso, solicitarán al Gobierno gallego la documentación de todos los informes relacionados con este proyecto.
En este contexto, ha insistido en que se trata de «un simulacro de tramitación ambiental» porque, ha asegurado, «la decisión de informar favorablemente este proyecto ya está tomada».
«El procedimiento de este simulacro de tramitación está claro: le van a ir dando de manera continuada informes favorables con ciertos condicionamientos, con reparos y ciertos cambios en el proyecto para disimular que hay unas medidas minimizadoras o compensatorias. Es un paripé, como se acaba de ver en el informe del Instituto de Estudos do Territorio que se refiere al impacto paisajístico», ha apuntado Bará.
LA XUNTA «NO ES IMPARCIAL»
En esta línea, el viceportavoz nacionalista ha acusado a la Xunta de no ser «imparcial». «Es juez y parte», ha afirmado antes de recordar que «va de la mano con Altri» porque a través de la Sociedad Impulsa «fue la Xunta quien impulsó este proyecto y no va a informar negativamente».
También ha asegurado que durante el procedimiento «se cometieron múltiples irregularidades», como diversos «cambios legales» para «favorecer los intereses de Altri». «Esto es lo que crea inseguridad jurídica y lo que lleva a que la ciudadanía se defienda en los tribunales de justicia y que muchos de estos proyectos estén judicializados con medidas cautelares del TSXG», ha manifestado.
CAPTACIÓN DE AGUA Y FINANCIAMIENTO
Asimismo, ha calificado de «gran cacicada» la aprobación, «si se resuelve favorablemente», por parte de Augas de Galicia de la captación de agua del embalse de Portodemouros. Para Luís Bará sería «el mayor atentado de la historia tanto al río Ulla como a la ría de Arousa».
Por otro lado, sobre el financiamiento del proyecto, el parlamentario del Bloque ha señalado que entiende que las ayudas directas de la Comisión Europea «difícilmente van a salvar el principio de no afección grave al medio ambiente», sobre todo, ha añadido, en lo que tiene que ver con el agua y la biodiversidad.
PPDEG PIDE CONFIAR EN LOS TÉCNICOS
Por su parte, también en rueda de prensa este lunes, el viceportavoz del PPdeG en el Parlamento, Julio García Comesaña, ha criticado que el BNG «presupone un comportamiento curioso» de los técnicos de la Xunta.
«Toda la documentación está en manos de los técnicos de las distintas consellerías, que gozan del máximo respeto, se ve que del Bloque no, para que hagan su trabajo», ha insistido.
Con todo, ha reivindicado que el Gobierno gallego «confía plenamente en los técnicos independientes» que desarrollarán su trabajo «de la mejor manera».
PSDEG DEMANDA «RIGUROSIDAD»
Sobre este mismo tema, el portavoz de la Ejecutiva del PSdeG, Julio Torrado, ha defendido que los socialistas gallegos sostienen que existen «dos factores»: «el medioambiental y el político».
En cuanto al plano medioambiental, ha insistido en que demandan que el proceso de evaluación sea el «más riguroso, exigente y restrictivo» en términos de protección ambiental que, ha reiterado, «deben evaluar los técnicos».
Sin embargo, ha subrayado que la parte política es «clave», en lo que la Xunta «tiene más cosas que explicar que nadie» como, ha ejemplificado, «qué paso con el proyecto» inicial, con el número de puestos de trabajo, el tamaño o la dimensión.
«Eso es lo que tienen que explicar y no está explicando. Parece que está intentando utilizar esto como una guerra contra no sabemos quién porque nadie sabe qué está pasando con Altri», ha apostillado.
Preguntado por las palabras de la conselleira de Industria, María Jesús Lorenzana, este domingo en una entrevista en El Progreso en las que señalaba que el Gobierno «secuestró el expediente de Altri y no lo envía a la UE para que valore si lo financia», Torrado ha reprochado a Lorenzana que emplee «el concepto de secuestrado con una frivolidad absoluta».
«Cuando conoces el Gobierno gallego es fácil comprender que a ella le sorprenda que haya administraciones que cumplan la norma», ha ironizado para, a continuación, apuntar que entiende que la conselleira «tenga un problema con el cumplimiento de la ley».
«En Galicia hay dos secuestros, la AP-9 y el Álvaro Cunqueiro, y los dos tienen la firma del PP. Lorenzana tiene síndrome de Estocolmo. Le gusta más el secuestrador que los problemas que generan esos secuestros, pero eso es un problema de la señora Lorenzana y de Rueda que tendrán que explicar y que aún no han explicado», ha zanjado.
