El BNG ha denunciado la «estafa gigantesca» del «modelo privatizador» del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo y ha pedido al Servizo Galego de Saúde (Sergas) que inicie el rescate de la concesión tras el «entramado de irregularidades» que recoge, a su juicio, el Consello de Contas de Galicia.

Todo ello tras conocerse este miércoles el Informe de Fiscalización del Contrato de Concesión del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo publicado por Contas, que concluye que habría sido más eficiente licitar la obra y los servicios del centro por separado, y no conjuntamente como llevó a cabo la Xunta, ya que supondría un ahorro de más de 470 millones de euros (IVA incluido).

«El Gobierno del PP tiene que dar muchas explicaciones sobre este entramado de irregularidades que denuncia el Consello de Contas, pero lo más importante es que atienda el clamor social que demanda una rectificación completa, un giro de 180 grados en sus nefastas políticas sanitarias», ha manifestado el diputado vigués Brais Rúanova.

Para él, el documento del órgano fiscalizador confirma que los ‘populares’ quisieron hacer del Álvaro Cunqueiro su «punta de lanza de una estrategia para convertir la sanidad gallega en un goloso negocio para el sector privado».

Los nacionalistas han lamentado que, con un sobrecoste de 470 millones, las casi 600.000 personas del área sanitaria de Vigo «padecen un hospital privatizado y recortado, y con menos prestaciones de las que inicialmente se habían proyectado y se necesitaban».

Ruanova ha insistido en que el proceso de adjudicación fue «irregular» y no estuvo ajustado a las normas de contratación. «Fue un proceso acelerado, mal planificado y diseñado en función de intereses privados», ha añadido.

Tras analizar el informe de Contas, el diputado ha dicho que el área de Vigo fue durante 15 años «un laboratorio, un banco de pruebas para el PP en su proceso de privatización de la sanidad pública gallega».

«Entre el canon del Álvaro Cunqueiro, los contratos de derivación y el concierto de Povisa, el PP está desviando cada año cerca de 200 millones de euros de recursos públicos del presupuesto sanitario para las huchas de empresas privadas», ha denunciado.