El pleno del Ayuntamiento de Lugo ha aprobado este viernes, con el voto a favor de PSOE y BNG y la abstención del PP, una proposición formulada por los nacionalistas para demandar a la Xunta de Galicia la dotación de los recursos y del personal necesarios para «garantizar el derecho fundamental» de las mujeres lucenses a abortar en hospitales públicos de la provincia.
«Los abortos instrumentales para la interrupción voluntaria del embarazo a partir de las ocho semanas no se están practicando en Lugo y se está derivando a clínicas privadas que están situadas, en algunos casos, a 200 kilómetros de distancia», ha denunciado durante su defensa de la proposición la concejala del BNG, Maite Ferreiro, que ha responsabilizado directamente a la Xunta de «vulnerar los derechos fundamentales de las mujeres» al obligarlas a desplazarse a ciudades como «Vigo o A Coruña».
En una línea muy similar, la edila socialista Olga López Racamonde, que ha trasladado al BNG su apoyo en relación a la iniciativa, ha destacado que los abortos instrumentales deberían realizarse «dentro del área sanitaria» competente para garantizar así la «rapidez y la eficacia» de las intervenciones.
Aurora Goás (PP), por su parte, ha puntualizado durante su intervención que «solo ha habido un caso en que una mujer lucense tuvo que ser derivada a Vigo» y ha indicado que la ley relativa al aborto «no se refiere en ningún momento» a que las interrupciones voluntarias del embarazo tengan que llevarse a cabo dentro del área sanitaria.
Pocos minutos después de la aprobación en el pleno municipal de la iniciativa, el gerente del área sanitaria de Lugo, Ramón Ares, se ha referido a la situación desde las instalaciones del HULA asegurando que la prestación «se está dando con todas las garantías» y que la mujer que tuvo que ser traslada a Vigo lo hizo «durante el proceso administrativo de regularización del convenio» con la clínica de A Coruña con la que está concertado el servicio.
«Hay una prestación que siempre ha estado concertada con una clínica de A Coruña y seguimos garantizando esa prestación. Para los supuestos mayoritarios, que son el grupo de utilización de fármacos, el procedimiento se está haciendo en Lugo e indicado por los profesionales de Lugo», ha explicado Ramón Ares, antes de defender el derecho de ginecólogos y obstetras del servicio público a declararse objetores: «Los profesionales tienen derecho a ser objetores. Tú no puedes decirle a un profesional si tiene derecho a esa objeción o no», ha subrayado.
El gerente del área sanitaria de Lugo ha reiterado que la prestación y el derecho al aborto de todas las mujeres lucenses está «garantizado». «En el HULA tenemos la capacidad logística pero todo depende de que tengamos la capacidad de no tener obstetras objetores. La garantía asistencial del proceso se está cumpliendo en todos los casos».
En un pleno ordinario en que el PP ha solicitado, en el apartado de ruegos y preguntas, al Gobierno local su adhesión al sistema VioGén, la proposición planteada por el BNG de demandar a la Xunta la paralización del proyecto de la planta de biometano de Coeses por su «afección para los vecinos y vecinas» ha sido aprobada de forma unánime.
