La Xunta ha urgido al Gobierno Central la transferencia a la comunidades autónomas de los fondos para compensar y prevenir los daños que el lobo causa al sector ganadero con el objetivo de que Galicia «no se vea nuevamente penalizada».

Así lo ha pedido la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, durante la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente en la que ha participado por videoconferencia.

Según ha informado la Xunta, la conselleira ha mostrado su conformidad con el reparto de los fondos –en el que a Galicia le corresponden 2,2 millones de euros para medidas de prevención y 1,8 millones de euros para daños–, pero ha pedido que en el momento de formalizar las transferencias no se produzca «ninguna discriminación como ya ocurrió hace dos años».

En este sentido, Vázquez ha recordado que en 2022 el reparto «fue injusto» con la comunidad gallega por «no apoyar» la estrategia nacional. Ante esto, Galicia interpuso un recurso contencioso-administrativo que todavía no se resolvió.

En 2023 no hubo distribución de fondos entre las comunidades, por lo que Galicia lleva dos años «sin recibir fondos» que, según la Xunta, asciende a 12 millones de euros que no ingresó en el período 2022-2024, lo que supone un «importante prejuicio» para el sector ganadero afectado.

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático ha insistido en la necesidad de revisar el nivel de protección del lobo y de adaptarlo a la realidad actual en cada zona.

ALGA ASIÁTICA INVASORA

En la reunión, Ángeles Vázquez ha trasladado la preocupación de Galicia por la presencia en sus costas del alga asiática invasora ‘Rugulopteryx okamurae’.

Esta especia empezó a aparecer hace años en otras comunidades como Andalucía y fue incluida a finales de 2020 en el catálogo español de especies exóticas invasoras.

De esta forma, ha señalado que constataron la existencia de esta especia en las rías de A Coruña y Vigo y ha apelado a la implicación de todas las instituciones para atajar su proliferación.

Por ello, el Ejecutivo gallego constituirá un comité científico en el que participarán diferentes departamentos de la Administración autonómica, entidades investigadoras, la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y el sector pesquero. Además, invitará a representantes del Gobierno central.

El objetivo de la comisión será la creación de un plan de gestión de la biomasa derivada de esta especie y analizar los posibles impactos de su expansión tanto económicos en el sector pesquero como ecológicos para el medio ambiente, al tratarse de «una posible amenaza» para la biodiversidad de los fondos marinos.