La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha reivindicado este viernes «la fuerza imparable de las mujeres» y ha pedido el apoyo de los ciudadanos para que Galicia siga a la vanguardia contra la violencia machista y pueda llevar sus propuestas ante el Congreso de los Diputados.

Pontón y las candidatas Carme Da Silva y Olalla Rodil han estado acompañadas por más de cuarenta mujeres ante los juzgados compostelanos de Fontiñas en el primer día de campaña para los comicios estatales del 10 de noviembre, para así celebrar la fuerza de las «gallegas, feministas y luchadoras por la igualdad» y reclamar más recursos contra la violencia de género.

En este sentido, ha recordado que todavía «queda mucho por hacer» en materia de violencia y desigualdad, como la «brecha salarial» y la participación y visibilidad de la mujer en ámbitos como la cultura, el deporte o la participación social.

La portavoz del BNG ha insistido en situar en el debate y la agenda pública «la lucha» contra esta lacra «hoy más que nunca», ante los diferentes pactos del Partido Popular con fuerzas «que quieren dar pasos atrás» en la lucha contra la violencia machista e «incluso cuestionando su propia existencia».

«Pactando con quien niega la realidad de la violencia de género no está al lado de las mujeres, está al lado de los que quieren mantener una sociedad desigual y patriarcal», ha advertido.

NO ES AGRESIÓN, «ES VIOLACIÓN»

Por ello, las mujeres se juegan «mucho» el próximo 10 de noviembre, y se ha comprometido a dedicar «toda la fuerza» que les ofrezcan los gallegos y gallegas «para reivindicar juzgados específicos contra la violencia de género en todas las ciudades» del país.

Asimismo, reclamará «la asistencia gratuita para las víctimas» y ha criticado las sentencias y fallos judiciales que califican de agresión sexual lo que «es una violación», amparando así «al agresor en vez de defender a las víctimas».

El BNG apuesta, así, por impulsar propuestas para tipificar «mejor» estas agresiones, de las que «sólo dos de cada diez acaban en los juzgados», y trabajar para que estos delitos sean considerados «públicos» actuando de oficio la justicia, y a pesar de que la mujer retire la denuncia. «Una agresión sexual no es un problema privado, es un problema público y político», ha advertido.