La diputada del BNG Ariadna Fernández ha presentado en el Parlamento gallego una batería de iniciativas para exigirle a la Xunta «más recursos» para el sistema de protección social, así como un plan de fomento de acogimiento familiar para los menores extranjeros no acompañados y más fondos para los centros de protección que atienden a este colectivo y a otros menores.
La responsable de Infancia del BNG le reclama al Gobierno gallego «mayor sensibilidad ante la situación que se está viviendo con los menores extranjeros no acompañados» y le afea «que utilice este colectivo» de menores que «vienen huyendo de situaciones trágicas y de horror en sus países de origen, de catástrofes y de guerras» como motivo de confrontación con el Estado.
Además de reformar la Ley de Inclusión Social -«sin actualizar desde 2013»- la diputada nacionalista demanda desarrollar un plan individual donde se detalle la educación y las medidas específicas de integración destinadas a este colectivo en Galicia, «garantizando así sus derechos y garantizando que estos niños tengan una oportunidad de futuro».
«Es evidente que la preocupación por estos menores desde la Xunta de Galicia es mínima», asegura la diputada, que recuerda que la situación actual de las Islas Canarias es de «especial gravedad», con más de 5.500 menores tutelados por el Gobierno insular y con unas expectativas de duplicarse hasta finales de este 2024.
En el caso de Galicia, se van a recibir 26 niños, niñas y adolescentes no acompañados, una cifra que la diputada nacionalista considera «muy baja», ya que es inferior a la de los últimos años. En 2022 estaban en acogimiento un total de 177, dato también menor que en 2018 y 2019, donde superaban con poco la cifra de los 200, afirma.
Además, la diputada nacionalista ha criticado la postura de miembros del Gobierno gallego y la de su líder en Madrid al usar estos menores «en una contienda con el Gobierno del Estado» o calificar la situación de «avalancha» o «resultado de un efecto llamada».
Fernández recuerda que los niños, niñas y adolescentes que llegan al Estado español «vienen huyendo de situaciones trágicas y del horror en sus países de origen, de catástrofes y de guerras» para subrayar que «el deber y responsabilidad de acogerlos, protegerlos y evitar su desamparo», así como garantizar su bienestar, está «fuera de contiendas políticas».
SISTEMA DE VIGILANCIA
Por otra parte, el Bloque Nacionalista Galego ha registrado en Madrid una batería de preguntas de urgencia ante la inoperatividad del Centro de Control de Medidas Telemáticas de Alejamiento (COMETA) durante 24 horas el pasado 16 de julio.
La senadora del BNG, Carme de la Silva, demanda al Gobierno que lleve a cabo todas las medidas y alternativas que permitan que, ante el fallo del sistema, las víctimas de violencia machista, continúen protegidas.
Paralelamente, los nacionalistas demandan la actualización de los datos que maneja el Gobierno a respeto del sistema de vigilancia e incluso si, en cumplimiento de la ley, el sistema de control se está extendiendo en este año con los nuevos casos que se están denunciando.
