UNICEF España ha pedido este miércoles que las comunidades autónomas del «pasos adelante» con la reforma de la Ley de Extranjería y que el Gobierno se comprometa con recurosos necesarios.

«Por eso esperamos que las distintas comunidades autónomas puedan dar pasos adelante y reconsideren el apoyo a la reforma propuesta, así como que el gobierno central se comprometa de forma pública con los recursos necesarios tanto para Canarias como para otros territorios», señala el director ejecutivo de UNICEF España, José María Vera.

Así lo ha puesto de manifiesto la organización, tras la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que ha tenido lugar este miércoles en Tenerife. En el encuentro, Gobierno y comunidades autónomas aprobaron el reparto voluntario de 347 menores migrantes solos, con una dotación de 20 millones de euros. En todo caso, se trata de un cupo acordado en 2022 y que no corresponde a la emergencia migartoria actual.

Igualmente, en la reunión se abordó la reforma de la Ley de Extranjería para repartir menores migrantes no acompañados en territorios cuando las comunidades tengan una sobreocupación de plazas del 150%. Sobre ello, las autonomías del PP decidieron no pronunciarse, porque no habían tenido «tiempo suficiente» para analizar el texto y porque consideran que no les compete, puesto que se votará en el Congreso.

En este sentido, UNICEF valora «positivamente» los compromisos de traslados voluntarios surgidos durante la reunión, y apela a que se lleven a cabo «lo antes posible». En todo caso, recuerda que «hay que avanzar hacia fórmulas de obligatoriedad por el bien de la infancia en Canarias».

Asimismo, UNICEF pide «que el objetivo final sea que se cumplan todos los derechos de la infancia migrante». «Somos conscientes de que las modificaciones regulatorias urgentes que se presenten ahora podrían no hacerlo de forma completa y garantista, pero consideramos indispensable que se aprueben medidas y se avance con urgencia en la reubicación de estos niños y niñas, dadas las condiciones en las que ahora se encuentran en Canarias con un sistema desbordado», apunta Vera.

En cualquier caso, Vera recalca que los sistemas de protección autonómicos, con el apoyo del Gobierno, «deben garantizar todos los derechos y todos los niños y niñas que tutelan» en el «menor tiempo posible».