Los sindicatos CCOO, ANPE y UGT no descartan tener que llevar a la justicia las discrepancias que mantienen con la Consellería de Educación, Ciencia, FP e Universidades en el modo de contabilizar a los alumnos con discapacidad y con necesidades especiales a la hora de establecer las nuevas ratios por aula fijadas en el acuerdo que firmaron en octubre de 2023.

En una rueda de prensa ofrecida este miércoles en Santiago, representantes de las tres organizaciones firmantes de aquel documento –la CIG se desmarcó– han aclarado que la «práctica totalidad» del mismo se está cumpliendo en los puntos que ya están en vigor y que así será, a rasgos generales, con la reducción de las ratios –el curso que viene solo será en 4º de Infantil, con un máximo de 20 niños por aula– y del horario lectivo –a 23 horas en Infantil y Primaria–.

Sin embargo, tal y como ha relatado el portavoz de educación de CCOO Galicia, José Fuentes, en la última reunión de la comisión de seguimiento del acuerdo, celebrada el 21 de junio, se encontraron con «la sorpresa» de que la Xunta hace «una interpretación no literal, sino libre», de dos de los puntos que afectan al cómputo de las ratios.

Y es que el documento establece que el alumnado que tenga una discapacidad, una dependencia o un trastorno grave de conducta contará doble o, incluso, triple, en función del grado.

Los sindicatos ven este punto de aplicación «inmediata» y «para todos» los cursos, ya que su redacción «no se calendariza». Sin embargo, la Consellería entiende que también se debe hacer de forma progresiva. Es decir, la Administración autonómica solo contará así el próximo curso en 4º de Infantil y que en años sucesivos se irá ampliando.

La segunda discrepancia pasa por el acuerdo de agrupamientos del año 2009 en cuanto a las aulas mixtas, es decir, las que incluyen niños de diferentes niveles. Aquí, la Xunta aplicará el acuerdo de octubre de 2023 solo en Infantil y negociará ampliarlo a otros cursos, pero los sindicatos también creen que no se contempla esta progresividad.

ESPERARÁN ANTES DE IR A LA JUSTICIA

Las organizaciones que firmaron el documento se reservan la posibilidad de acudir a los tribunales para que sea un juez el que dé una interpretación adecuada al texto. Por ahora, esperarán a ver cómo afectará la aplicación que propone la Consellería en lo que respecta a contratación de profesorado y al número de aulas.

El presidente de ANPE en Galicia, Julio Díaz, ha explicado que, en caso de que haya «pocos centros afectados», buscarán solucionar las discrepancias directamente con la Administración. En cambio, «si es de calado importante», tendrá que ser «un juez» quien determine cómo se aplica el texto.

Tal y como ha reivindicado Díaz, el acuerdo firmado el año pasado para reducir las ratios máximas en las aulas –en parte debido a la bajada de la natalidad en Galicia– evita «que muchísimo profesorado se viese desplazado» por la supresión de unidades que esto conllevaría.

Asimismo, UGT ha puesto el foco en que la interpretación que hace la Xunta implica no reconocer una de las mejoras incluidas en el propio documento, como es «la mejora de la atención» a la diversidad y al alumnado con discapacidad y otras necesidades especiales.

Los tres representantes sindicales en la rueda de prensa han destacado los beneficios del acuerdo. Como muestra de ello, está el hecho de que dos organizaciones que convocaron huelgas contra él –entre ellas la CIG, principal sindicato de la enseñanza pública gallega– ahora «reclaman que se cumpla».