El PPdeG rechaza de plano, por ser un «disparate» y «un absoluto dislate», la propuesta del BNG de crear una comisión de investigación en el Parlamento gallego sobre las prórrogas de la concesión de la AP-9. Además, los populares abogan por esperar a que haya «un pronunciamiento definitivo» de la Comisión Europea al respecto.

La petición la avanzaba esta semana la portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, tras trascender en varios medios de comunicación una carta de Bruselas al Gobierno central que deslizaba que el Ejecutivo del popular José María Aznar planeaba privatizar la Autopista del Atlántico en 1999 y que la prórroga de la concesión de 2003 a 2048 se aprobó para aumentar su valor de mercado.

Preguntado al respecto este viernes, el portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, ha tachado de «disparate» esta propuesta de comisión parlamentaria. En primer lugar, porque por el momento –hay una ley de transferencia en trámite en las Cortes Generales– se trata de una vía de titularidad «exclusivamente estatal».

A esto ha añadido Pazos la investigación en curso por parte de las autoridades europeas. Y «ninguno de esos ámbitos», ni el estatal ni el comunitario, tienen la «obligación de comparecer» en el Parlamento gallego, ha alegado el dirigente popular.

Por tanto, considera que el BNG perdió «por completo el sentido de la realidad» y se convirtió «en una fábrica de esparcir humo» por encima de temas que de verdad «preocupan a los gallegos».

En este sentido, Alberto Pazos ha insistido en la transferencia de la titularidad a Galicia y ha criticado que el Gobierno central tirase «por tierra los compromisos» que hizo al BNG en el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez en materia de infraestructuras. «Debe de haber un límite al ridículo», ha sentenciado.

AVALA LA LEGALIDAD DE LA PRÓRROGA

Sobre el propio contenido de la carta de la Comisión Europea, el portavoz popular no se ha pronunciado porque lo «desconoce» y prefiere esperar a la decisión «definitiva» de Bruselas. Eso sí, ha defendido la «coherencia» y la legalidad de la prórroga de la concesión aprobada por el Ejecutivo de Aznar porque «en su momento» se hizo «con todos los informes pertinentes de los distintos organismos del Estado».

Alberto Pazos ha rechazado el «presentismo» de «juzgar acontecimientos del pasado» con los conocimientos actuales, porque «en aquel momento» el PP mantenía «coherentemente» –ha dicho– una propuesta de gestión sobre «el cien por cien» de las vías estatales de alta capacidad.

Esto lo ha contrastado con que ahora «ocurre todo lo contrario», es decir: el Gobierno de Pedro Sánchez «toma una decisión u otra» en función de «dónde estén» las autopistas. Para el portavoz parlamentario popular, esto es «discriminatorio».