El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha avanzado que próximamente llevará al Consejo de Ministros un proyecto de Ley para reformar la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante y la Ley de Navegación Marítima, las dos normas principales que regulan el derecho marítimo español.
El objetivo de esta reforma es proporcionar seguridad jurídica y mejorar la competitividad de los puertos y las empresas navieras, así como modernizar la administración marítima mediante la creación de registros más ágiles para atraer armadores y generar puestos de trabajo.
Entre las principales novedades del nuevo proyecto normativo se incluye la reforma del Registro de Buques y Empresas Navieras, según ha señalado el ministro en la clausura de la Asamblea General de la Asociación de Navieros Españoles (Anave).
El ministro ha hecho hincapié en las actuaciones en el plano laboral para intentar solucionar la falta de vocaciones en todas aquellas profesiones relacionadas con el sector marítimo y la dificultad de llevar a cabo las prácticas necesarias para obtener la titulación correspondiente.
En este sentido, ha avanzado que ya está en trámite de información pública el real decreto que regulará, un año más, la concesión directa de subvenciones a las asociaciones, colegios y fundaciones del sector para fomentar y facilitar el acceso a las profesiones del ámbito aéreo y marítimo.
Este año, está previsto conceder 2,2 millones de euros, lo que supone duplicar las ayudas otorgadas en 2023 para promover la formación, la obtención de licencias o la difusión cultural.
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
El ministro también ha expresado su apuesta por la modernización de la flota, mediante buques con capacidad de cero emisiones para un transporte marítimo «limpio y respetuoso con el medio ambiente», sin dejar de lado la inmersión del transporte marítimo en la era de la innovación tecnológica y la inteligencia artificial.
Además, ha remarcado que el pasado martes, en el Consejo de Ministros de Transporte de la Unión Europea, España lideró una declaración, apoyada por 10 países de la UE para instar a evaluar el impacto de la extensión del régimen de comercio de derechos de emisiones de la UE, el conocido como UE ETS, al transporte marítimo.
En esa reunión europea, según ha recordado Puente, ya se alcanzaron una serie de compromisos en esa dirección, como el establecimiento de un grupo de trabajo sobre el régimen de derechos de emisión (ETS) o la presentación a final de año, de un primer informe de evaluación de su impacto.
