La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha reclamado a la Xunta que convoque una mesa de negociación con los letrados del turno de oficio para mejorar sus condiciones y poner fin al conflicto que mantienen desde hace meses en reclamación de más recursos económicos para el ejercicio de sus funciones y facilidades para conciliar la vida laboral con la profesional.

Así lo ha trasladado Pontón en una rueda de prensa celebrada este lunes en el Parlamento gallego después de reunirse con representantes de Marea Negra y el sindicato Venia, con los que ha abordado la situación de un conflicto que se prolonga desde el pasado año con el objetivo de «dignificar y mejorar la prestación de la justicia gratuita».

Para la líder frentista, el Gobierno gallego ha hecho «todo lo contrario» a tratar de establecer un canal de diálogo con los abogados de oficio, a los que «ni se les reconoció» el derecho a huelga como sí ocurrió con jueces o el personal de administración de justicia.

La gestión de la Xunta ha llevado a que el conflicto «se enquiste», según ha manifestado Pontón, que ha advertido de los efectos sobre la prestación de un derecho fundamental como la justicia gratuita ante la suspensión de «miles» de actuaciones, vistas y juicios; o las renuncias colectivas en partidos judiciales como Lalín, A Estrada o Corcubión y en áreas específicas como violencia de género.

Allí, los abogados han rechazado de forma colectiva seguir prestando el turno de oficio, lo que llevó a los colegios profesionales provinciales a decretar el alta voluntaria de estos letrados para garantizar la cobertura.

Pontón ha advertido que esta situación «puede extenderse a todos» los partidos judiciales y áreas por la prolongación en el tiempo de un conflicto que cree «responsabilidad directa» de la Xunta, administración que tiene transferidas las competencias en justicia.

La portavoz del Bloque ha incidido en que el turno de oficio en Galicia es un «sistema precario» que presenta un baremo «inferior» al que había en 2009 porque la Xunta destina «fondos insuficientes» que sitúa a Galicia como «una de las comunidades que menos invierte por habitante» en justicia gratuita.

Según Pontón, Galicia invertía 4,42 euros por habitante a esta cuestión en el año 2022, mientras que la media del Estado se sitúa en los 6,25 euros por habitante. A ello, ha añadido, se suma que las cuantías no se han actualizado respecto a la evolución del IPC.

Por todo ello, ha reclamado a la Xunta que tome decisiones para compensar debidamente a estos profesionales porque no puede permitirse «que trabajen en precario», máxime cuando, en estos momentos, suplen estas «carencias» con «su esfuerzo».

Por tanto, ha instado a abrir un período de negociación que contemple el incremento de recursos, negociar un nuevo baremo y otras peticiones del sector como las cotizaciones por «trabajo hecho».