El grupo parlamentario del PP en la cámara gallega ha puesto en valor este jueves la labor de la Comisión Galega da Competencia, frente a las críticas de BNG y PSdeG, que han cuestionado su transparencia e imparcialidad, acusando a los ‘populares’ de utilizar este órgano para defender sus intereses y los de sus «empresas amigas».

El presidente de esta Comisión, Ignacio López-Chaves, ha comparecido este jueves en el Parlamento de Galicia para dar cuenta del balance de actividades de 2023 y abordar las previsiones de actividad para el futuro.

En su comparecencia en la comisión parlamentaria de Economía, Facena e Orzamentos, López-Chaves ha repasado las principales actuaciones de la Comisión, y se ha referido a los 8 expedientes resueltos, que han afectado a licitaciones de obras en Zona Franca de Vigo, a concesiones de varias navieras de la Ría de Vigo y a la polémica de las concesiones del servicio de transporte de viajeros que afectó a las empresas Alsa y Monbús.

Asimismo, ha detallado que, como novedad, la Comisión ha comenzado a elaborar informes al amparo de la ley de contratos del sector público. Al respecto, ha indicado que se elaboraron varios informes por la posible incurrencia de prácticas colusorias, a petición de las consellerías do Mar o de Sanidade, entre otros organismos.

FALTA DE TRANSPARENCIA E IMPARCIALIDAD

En sus intervenciones, los grupos parlamentarios han lamentado que la Comisión Galega da Competencia actúa con falta de transparencia y de imparcialidad, y dando trato de favor a «empresas amigas».

Así, la diputada socialista Paloma Castro ha constatado que el 2023 «no fue un buen año para la reputación» de la Comisión, que no ha sido capaz de hacer cumplir ciertas resoluciones y que apenas ha incoado procedimientos relativos a expedientes de contratación de la Xunta.

Castro se ha referido al expediente abierto con respecto a las concesiones a Monbús y Alsa, sobre las que existe una sentencia judicial que cuestionaba el proceder de las empresas y de la propia Xunta, algo que la Comisión «decidió no investigar en su momento». Ahora, se ha abierto expediente tras la sentencia del TSXG, avalado luego por el Supremo.

Igualmente, el BNG ha subrayado que la actividad de la Comisión demuestra «el uso partidista por parte del PP» de este órgano, que «elabora informes para incidir en la posición de la Xunta, pero no sobre cuestiones que afectan a la vida de los gallegos».

La diputada nacionalista Carmela González ha denunciado que la Comisión no investigue cuestiones como el impacto de las grandes superficies en el pequeño comercio gallego, o los problemas con la comercialización de conservas con etiquetado engañoso.

TRATO DE FAVOR A ALSA Y MONBÚS

González también se ha referido al «trato de favor» de la Xunta a Monbús y Alsa, que actuaron de forma irregular «repartiéndose» el mercado «con el beneplácito» del gobierno gallego. En ese sentido, ha censurado que la Comisión «abdicó de sus competencias» y solo ha abierto expediente porque le «obligaron» los tribunales.

El BNG también ha criticado que no se hubiera investigado, tal y como este grupo solicitó, las consecuencias de la creciente «privatización de la asistencia sanitaria» en el área de Ourense; o que no se hubiera completado el informe sobre los accesos ferroviarios a Galicia.

En respuesta a estas críticas, Ignacio López-Chaves ha defendido la actuación del órgano que preside, al igual que la diputada del PP, Cristina Sanz, que ha puesto en valor la disposición de la Comisión a comparecer y dar cuenta de su trabajo en el Parlamento y a hacer públicos sus informes y Memoria.

Además, han defendido, el órgano gallego supera en actividad a otros órganos similares de otras Comunidades Autónomas, a pesar de la «complejidad» de los expedientes, y sus resoluciones son avaladas por los tribunales en un 83 %, frente al 38 % de las resoluciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Con respecto al expediente sancionador a Alsa y Monbús, López-Chaves ha señalado que no se puede haber pública la información porque el procedimiento es confidencial, pero sí ha confirmado que «se ha ampliado la incoación a 21 empresas, que concurrieron en UTE» a esos procesos de licitación.

CENTROS DE MENORES

Por otra parte, en la comisión de Economía, Facenda e Orzamentos también ha comparecido el director xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, Jacobo Rey Sastre, para responder a una pregunta del BNG sobre la situación laboral del personal que trabaja en los centros de menores.

El diputado nacionalista, Ramón Fernández Alfonzo, ha advertido de que los trabajadores de estos centros desempeñan su labor en condiciones de precariedad, en algunos casos con los salarios congelados desde hace 10 años, y ha apuntado que los propios sindicatos alertan de que la situación es resultado, en gran medida, de la precarización de la contratación de este servicio por parte de la Xunta a las entidades que lo prestan.

Así, ha advertido de que los convenios colectivos de ámbito estatal para estos centros de reforma juvenil y protección de menores están condicionando los pliegos de contratación pública de estos servicios.

En respuesta, el director xeral ha explicado que la Xunta inició hace unos años un proceso de transformación en estos contratos para avanzar en el modelo de concierto social, que da «mayor seguridad jurídica» y se ampara en una directiva europea.

En cualquier caso, ha precisado que los contratos para la prestación de este servicio «cumplen estrictamente la normativa vigente», y ha recordado, con respecto a los convenios de los trabajadores, que «no es función de la Administración» participar en la negociación de estos acuerdos.

La «prioridad» para la Xunta, en este caso, es lograr «la máxima calidad en la prestación del servicio, por encima de los costes», y así se establece en los pliegos de los conciertos sociales. Dichos conciertos, ha explicado, permitirían introducir cambios para el personal si se producen modificaciones en los convenios colectivos estatales.