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Igualdad instruirá a los registros civiles para evitar fraude en la Ley Trans pero no cambiará la ley como pide Ayuso

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El Ministerio de Igualdad enviará indicaciones a los registros civiles para evitar los fraudes en la Ley Trans, pero se niega a modificar la norma por «algún abuso» o «algún fraude», como le ha pedido la Comunidad de Madrid. «No significa nada más que poner negro sobre blanco lo que ya dice la ley. Es decir, que la gente sepa que no puede defraudar, que la gente sepa cuando va a hacer su transición que no puede abusar de la ley», ha indicado la titular de Igualdad, Ana Redondo tras reunirse con con la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, en el Ministerio de Igualdad.

La ministra ha admitido que «siempre hay algún abuso o algún fraude, como en todas las leyes». «Es mínimo, es puntual y no se puede modificar una ley, porque además una ley es siempre general, es universal, pensando en el caso concreto», ha recalcado.

La Comunidad de Madrid alertó en el pasado mes de marzo al Ministerio de Igualdad de que estaban detectando casos de presuntos agresores que buscaban acceder a recursos para la atención contra la violencia de género después de haber cambiado registralmente de sexo en virtud de la Ley Trans estatal.

En este sentido, la ministra ha lamentado que la consejera madrileña no les ha aportado «ninguna documentación» sobre los casos de abuso de la ley. «Por otra parte, me parece tremendo que, bueno, no nos hayan aportado ninguna documentación. Si hay tantos casos y se producen tantos fraudes, si ellas tienen detectadas tantos casos de abuso de la ley, ¿por qué no nos presentan un informe documentado, detallado, en el que podemos comprobar que efectivamente esa opinión no es solamente una opinión, sino que es una opinión fundada», ha apuntado Redondo.

Además, la titular de Igualdad ha dicho que la generalidad del 99,9% ha sido que «han disfrutado y han aprovechado la ley para hacer reconocimiento de derechos». En este sentido, ha añadido que «nunca una ley va a estar definiendo el 0,01% de los casos», ya que es «incompatible» con la definición de ley. «Ahí tienen que estar los servicios jurídicos, tiene que estar la fiscalía, si se tiene conocimiento y hay una denuncia, y estarán los jueces en definitiva para aplicar la ley, que eso es el sistema general», ha apuntado.

REDONDO SEÑALA QUE LO QUE PIDE MADRID ES «UN IMPOSIBLE»

En todo caso, Redondo ha expuesto que lo que solicita la Comunidad de Madrid se trata de «un imposible» y que no se puede pedir a la ley «que resuelva todos y cada uno de los problemas, ni que esté previendo todos y cada uno de los posibles fraudes y abusos de ley».

En esta misma línea, ha defendido la Ley Trans, que ha dicho que ha resuelto «muchos problemas» de «mucha gente». «Unas 5.156 personas han transicionado en absoluta libertad, con absoluta igualdad y se han sentido reconocidas por la sociedad», ha aplaudido.

Además, ha agregado que la ley «evita la patologización», algo en lo que ha precisado que no se pondrán de acuerdo con la Comunidad de Madrid que «insiste en patologizar a estas personas, en negarles la libertad».

En la reunión, Redondo ha apuntado que han intentado «evitar» la interposición de un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional por parte del Estado por los cambios de la Ley Trans aprobada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en diciembre de 2023. Así, la ministra ha avanzado que «en los próximos días» tendrán una decisión.

«Lamentablemente, como digo, creo que partimos de posiciones muy distintas. Nosotros partimos de la igual libertad de todas las personas y ellos niegan sobre todo la libertad», ha recalcado la ministra.

MADRID DICE QUE HAY «GRANDES FISURAS» EN LA LEY TRANS

Por su parte, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha señalado que, a su juicio, existen «grandes fisuras» en la Ley Trans y que «situaciones» que han vivido en los puntos de atención a víctimas de violencia de género «han generado un profundo malestar entre las profesionales».

«Hemos recibido denuncias, hemos recibido amenazas y necesitamos, claramente, que se haga algún tipo de modificación para que estos casos, pues evidentemente, no se vuelvan a repetir», ha afirmado Dávila en declaraciones a los medios.

Asimismo, la consejera madrileña ha destacado la «cercanía» y la «cordialidad» de la reunión, pero ha añadido que les ha «sorprendido» la «negativa total» a modificar la ley. «Hemos solicitado incluso la intervención de algún organismo independiente que haga un análisis de la información de lo que pueda estar sucediendo en otras comunidades autónomas y también hemos recibido la total negativa en este sentido», ha expuesto.

Igualmente, ha destacado su «profundo descontento» ante la negativa de Igualdad y ha expuesto que «aunque fuese una única víctima sufriendo sería razón indispensable ya para modificar la ley». También ha añadido que han salido del encuentro «un poco desalentados», ya que creían que iban a pactar «soluciones efectivas» para proteger a víctimas.

En todo caso, ha asegurado que seguirán pidiendo la modificación de la ley porque creen que es «indispensable». Sobre la decisión del Tribunal Constitucional, ha dicho que «hay que tener fe».

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