Los principales grupos parlamentarios del Congreso, con excepción de Vox, han expresado este martes su apoyo a tramitar una iniciativa del Parlamento gallego para traspasar la gestión de la autopista de peaje AP-9 a Galicia, lo que supone el cuarto intento en ocho años de acometer esa transferencia.
En el debate celebrado en el Pleno del Congreso, el PSOE, el PP, Sumar y el BNG han avanzado su voto a favor para la toma en consideración de la proposición de ley, que tiene por objeto que el Estado anule la concesión a Audasa hasta 2048 y después impulse su transferencia a la comunidad autónoma.
Para la defensa de la propuesta ha comparecido en la tribuna del Congreso una delegación del Parlamento conformada por el portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos Couñago; y los líderes del BNG, Ana Pontón, y del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro.
PSOE: LA GRATUIDAD ES LO PRIORITARIO
El primero en intervenir ha sido el socialista José Ramón Gómez Besteiro, quien ha incidido en la importancia de que sea Galicia quien gestione la vía, pero sobre todo que esta no suponga un coste para la ciudadanía. «Queremos transferencia y gratuidad, pero la gratuidad es sin duda lo más importante», ha remarcado.
Por su parte, el portavoz del PPdeG, Alberto Pazos, ha instado a los diferentes grupos parlamentarios a que la iniciativa del Parlamento gallego sea «definitivamente aprobada en los términos que demanda Galicia y los plazos razonables que esperan los gallegos». «Confío en que hoy regresaremos a Galicia con un rotundo sí de esta Cámara a la admisión a trámite de esta proposición de ley», ha señalado.
La líder del BNG, Ana Pontón, ha urgido a transferir la autopista a Galicia y así librarla de peajes, al tiempo que ha recordado que el Parlamento Gallego lleva desde 2016 pidiendo la transferencia de la AP-9, mediante diferentes proposiciones de ley remitidas al Congreso. «¿Será esta la definitiva, o van a seguir burlándose de la ciudadanía gallega?», ha espetado Pontón durante su intervención.
«¿VAN A SEGUIR TOMANDO EL PELO?»
En ese punto, el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha recordado que la proposición de ley del Parlamento de 2021 para este propósito de se fue posponiendo mediante la ampliación del plazo de enmiendas hasta que se disolvieron las Cortes con las elecciones generales.
También por parte del Congreso, la diputada socialista de A Coruña Obdulia Taboadela ha confirmado el voto a favor de su grupo a la propuesta del Parlamento gallego, aduciendo la situación de «desequilibrio territorial» que sufre la ciudadanía gallega con esta autopista, pues tienen que pagar peajes frente a otras autonomías donde sus carreteras son gratuitas.
Desde el Grupo Popular, el diputado por Lugo y exconselleiro de Economía cuando Alberto Núñez Feijóo dirigía la Xunta, Francisco Conde, ha confirmado igualmente el voto a favor de su formación a la propuesta gallega que sigue pendiente de aprobación «demasiado» tiempo: «El PP dirá sí a la igualdad de trato de los territorios», ha remarcado, durante su discurso.
Por parte de Sumar, el diputado de A Coruña Manuel Lago ha recordado que la iniciativa fue respaldada por unanimidad en Galicia, pero ha advertido que la simple transferencia es «insuficiente» para resolver la «grave distorsión» que supone que la principal arteria de comunicación de Galicia sea explotada por una empresa privada propiedad de fondos de inversión.
Por eso, cree que lo ideal sería que el Estado recuperase la autopista y después la transfiera a la comunidad autónoma para que esta no sea la única que «siga pagando peajes hasta 2048», ha zanjado.
VOX SE DESMARCA
Vox ha sido la única formación que se ha desmarcado expresamente de la iniciativa gallega. «No cuenten con nosotros», ha dicho la portavoz adjunta de Vox en la Comisión de Transportes, Carina Mejías, que se muestra reacia a parcelar la red de carreteras del Estado.
Aunque ha admitido que los fondos titulares de la concesionaria «pretenden aprovecharse» de los beneficios que dejan los peajes, la parlamentaria de Vox cree que el traspaso de competencias y de titularidad «no es necesariamente sinónimo de una gestión eficaz» al servicio de la ciudadanía.
