La Comisión Europea ha propuesto este viernes elevar el techo de las ayudas de escasa cuantía (‘de minimis’) al sector agrario de 25.000 a 37.000 euros por empresa durante tres años para tener en cuenta la inflación e incrementar los ‘topes nacionales’, que se calculan sobre la base del valor de la producción agrícola.

Para conocer la opinión de los Estados miembro y otras partes interesadas, Bruselas ha lanzado una consulta pública en la que invita a los agentes implicados a formular observaciones sobre el proyecto de modificaciones hasta el próximo 21 de julio.

El actual reglamento agrícola ‘de minimis’ exime a las pequeñas cantidades del control de las ayudas estatales, ya que se considera que no tienen repercusiones sobre la competencia y el comercio en el mercado único.

Tras su última revisión en 2019, actualmente los Estados miembro pueden conceder ayudas al sector agrícola de hasta 20.000 euros por beneficiario durante un período de tres ejercicios fiscales sin notificación previa para aprobación de la Comisión, aunque si un Estado miembro dispone de un registro central a nivel nacional estas ayudas, se aplica un límite más elevado, de 25.000 euros durante un periodo de tres ejercicios fiscales.

Además de estos límites máximos por beneficiario, cada Estado miembro tiene un importe nacional máximo para estas ayudas –el llamado ‘tope nacional’–, con el fin de evitar cualquier posible distorsión de la competencia.

Este reglamento expirará el 31 de diciembre de 2027, por lo que la Comisión ha propuesto esta revisión temprana atendiendo a las peticiones de los Estados miembro de flexibilizar el actual marco ante la creciente presión inflacionista sobre el sector agrario y los elevados precios de los productos básicos.

Según el Ejecutivo comunitario, las modificaciones propuestas ampliarán las posibilidades de que los Estados miembro presten ayuda a los agricultores de una manera «más sencilla, rápida, directa y eficaz», ya que estas ayudas no necesitan ser notificadas ni aprobadas por la Comisión.

Además, las modificaciones propuestas reducirán la carga administrativa de los agricultores mediante la introducción de registros centrales obligatorios ‘de minimis’, que aliviarán las obligaciones de notificación de los agricultores, en su mayoría microempresas y pequeñas y medianas empresas. La revisión prorrogará el reglamento hasta 2032.