La última pieza pendiente de la Operación Carioca, la macrocausa de proxenetismo y trata de mujeres investigada en Lugo durante 16 años, ha quedado este miércoles vista para sentencia con el anuncio por parte de la Fiscalía de las nuevas penas solicitadas para los cinco imputados y la rebaja de casi 17 años en la condena interesada para el principal acusado, el cabo de la Guardia Civil, Armando Lorenzo, que se enfrentaba a 21 años de presidio y para el que ahora piden cuatro años y tres meses.

Armando Lorenzo, responsable según el escrito fiscal de ofrecer ayuda administrativa a mujeres extranjeras en situación irregular que ejercían la prostitución abusando de su posición de Guardia Civil y solicitando a cambio favores sexuales; así como de informar a los dueños de los burdeles implicados de inspecciones policiales en sus locales recibiendo por ello contraprestaciones económicas, estaba acusado en esta pieza de la Carioca de ocho delitos.

Al más grave, una agresión sexual a una prostituta por la que la Fiscalía solicitaba ya 11 años de cárcel, se sumaban las acusaciones por presuntos delitos –la mayor parte de ellos continuados– de solicitud sexual por funcionario público, abuso sexual, cohecho, revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos, favorecimiento de la prostitución y extorsión en grado de tentativa.

Las dilaciones indebidas del proceso, consideradas muy cualificadas, y el atenuante de reparación del daño, han motivado la drástica rebaja de su pena, fijada finalmente en una petición de cuatro años y tres meses de cárcel, si bien su delicado estado de salud –corroborado mediante informes médicos– evitará su ingreso en prisión.

Para los otros tres procesados que en la jornada del martes habían alcanzado acuerdos de conformidad con la Fiscalía –los proxenetas José Manuel García Adán (cabecilla de la trama y dueño de los clubs de alterne Queens y La Colina); Marcos Grandío (dueño del club Eros); y Jesús Varela (propietario del Eclipse, en Ribadeo)– la representante del Ministerio Público ha solicitado, tras la modificación de su escrito de acusación, penas de multa de entre 1000 y 2000 euros. Todos ellos estaban acusados de un delito de cohecho pasivo.

Para el último de los imputados, el brigada de la Guardia Civil, Julio Baquero, en el que se ha centrado el grueso de la vista celebrada este miércoles en la Audiencia Provincial al no sellar su defensa en la jornada previa un acuerdo de conformidad, la Fiscalía ha solicitado una pena de nueve meses de prisión –se enfrentaba a 19– como presunto autor de un delito de solicitud sexual por funcionario público y otro delito de omisión del deber de perseguir delitos.

«NO TENGO NADA QUE VER CON LA CARIOCA»

Pese a que la segunda y última jornada del juicio de la pieza central de la Carioca ha estado centrada en dirimir la responsabilidad penal de Julio Baquero, imputado en la macrocausa desde hace 14 años, el hecho que concentraba más expectación era el anuncio de la modificación de las penas solicitadas para los cinco procesados, que la Fiscalía había dejado pendiente al término de la sesión del martes.

Ha habido que esperar, sin embargo, ocho horas y tres recesos, para que rebasadas las 18,00 horas la representante del Ministerio Fiscal diera a conocer en detalle las nuevas penas previstas para los procesados.

Antes, en la jornada matinal, el Tribunal ha tomado declaración a seis testigos citados como parte de la causa abierta contra Julio Baquero, brigada del Equipo de Mujer y Menores de la Guardia Civil (EMUME) de Lugo y superior directo del cabo Armando Lorenzo en las funciones de inspección de los locales de alterne.

Para esclarecer el delito imputado de solicitud sexual por funcionario público, el abogado de la defensa, César Lodos, ha pedido la lectura por parte del Tribunal de las dos declaraciones realizadas por la denunciante del hecho –que no ha comparecido en la vista– durante la instrucción de la causa en el año 2010. «No hay ni 15 días de diferencia entre una y otra y en la primera no existe ni una sola referencia a Baquero», ha concluido, tras la lectura, el letrado.

En relación al delito de omisión del deber de perseguir delitos –vinculado a un matrimonio de conveniencia celebrado entre una prostituta y un hombre con presunta discapacidad intelectual cuyas diligencias Baquero se habría negado a iniciar–, han declarado en la Audiencia Provincial la propia mujer, en calidad de testigo, así como tres ex agentes de la Guardia Civil de diferente rango de la Policía Judicial y del EMUME.

Antes del primer receso de la jornada previo al capítulo de conclusiones ha tenido lugar el interrogatorio del propio acusado, que ha asegurado no haber acudido «solo» a ningún club de alterne de la provincia de Lugo y ha negado cualquier tipo de implicación en la causa.

«Yo no tengo ni nunca tuve nada que ver con la Carioca ni con los clubs de alterne. Hacer un comentario criticando a la jueza instructora –Pilar de Lara– fue mi sentencia», ha proclamado.

CONFORMIDAD CON LAS PENAS

Ya en la jornada vespertina, tras un nuevo receso de tres horas, la fiscal ha procedido a informar sobre las modificaciones realizadas en su escrito y la jueza ha notificado a los procesados las nuevas penas interesadas.

Tanto los tres imputados presentes en la sala que habían sellado su conformidad el martes, como García Adán –que ha comparecido una jornada más por videoconferencia desde la prisión de Mansilla de las Mulas (León) donde cumple condena– han vuelto a reconocer su autoría en los hechos y han mostrado su conformidad con las penas.

No lo ha hecho así Julio Baquero, que ha vuelto a reiterar su inocencia en su última intervención lamentando especialmente por su mujer, ha indicado, el hecho de haberse visto envuelto en la trama. «Me da mucha pena que este señor se haya tenido que enfrentar durante 14 años a una pena de banquillo. Se ha manchado su honor sin ninguna prueba. No entiendo cómo no se ha dictado una sentencia absolutoria», ha declarado en conclusiones, a propósito de su cliente, el abogado de la defensa, César Lodos.

Representantes de la plataforma ciudadana contra la impunidad del Caso Carioca han estado presentes en la sala durante la segunda jornada del juicio y han calificado como «muy decepcionantes» las penas solicitadas por el Ministerio Fiscal. «Las personas que cometieron delitos tan graves deberían tener otro castigo. Esperamos que esto no vuelva a suceder y podamos vivir en una ciudad en donde la Fiscalía sí que hace su trabajo, que es perseguir el delito y proteger a las víctimas», ha manifestado, frente a la sede de la Audiencia, una de sus portavoces.

Cuando la sentencia de esta última pieza de la Operación Carioca sea firme, la justicia habrá dado carpetazo a una investigación que sacudió los cimientos de la ciudad amurallada durante 15 años, cinco meses y dos días, y con ella a un proceso fragmentado en múltiples piezas con 270 tomos de sumario, al menos 400 víctimas y cerca de un centenar de imputados iniciada por la jueza Pilar De Lara en el año 2008.