El grupo mixto ha propuesto la creación de una oficina de atención a las víctimas del franquismo de carácter bilateral (Xunta y Estado) que se encargue de «agilizar» las exhumaciones de fosas comunes y cunetas, así como de investigar los bienes expoliados por el régimen, facilitar el acceso a los archivos y registros, inventariar los juicios de la dictadura y documentar los «bebes robados».

De ello ha informado este lunes el portavoz del grupo mixto, Luís Villares, en una rueda de prensa celebrada en la Cámara gallega, donde ha comentado que, tras la exhumación el pasado jueves de los restos del dictador Francisco Franco, el Estado debe «continuar» con la exhumaciones «en el lado republicano, no solo en el lado de los golpistas».

«Ahora que ha sido enterrado por segunda vez el dictador, no puede haber memoria histórica selectiva, porque eso es amnesia», ha indicado el también portavoz del partido En Marea, que ha incidido en que la salida de Franco del Valle de los Caídos «era una medida necesaria aunque insuficiente».

Por ello, insta al PSOE «y el resto de fuerzas progresistas» a «demostrar» que la retirada de la tumba de Franco «no fue electoralista» a través del desarrollo completo de la Ley de Memoria Histórica.

De este modo, ha propuesto la creación de una oficina de atención a las víctimas del franquismo en la que «converja» el trabajo «cooperativo» de las administraciones. Este órgano, según ha explicado Villares, tendría como funciones facilitar el acceso a los registros y archivos del régimen, especialmente los militares, como medida de apoyo a los familiares de represaliados en paradero desconocido.

Además, la oficina se encargaría de «ordenar y agilizar» las exhumaciones en fosas comunes y cunetas, además de llevar a cabo una investigación sobre los bienes expoliados «no solo por la familia del dictador», sino también por «toda la élite» de la dictadura «incluida la Iglesia».

Por último, también sitúa entre las funciones de este órgano el inventariado de los juicios franquistas para proceder a su anulación e investigar los casos de «bebés robados» para que «los secuestrados y sus descendientes puedan conocer a sus familias de origen».