El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, y el presidente de la Fundación Galega contra o Narcotráfico, Manuel Antonio Couceiro, han firmado este viernes la renovación del convenio para la optimización de la gestión de los bienes decomisados al narcotráfico y delitos conexos.
Según ha trasladado el Ejecutivo autonómico, el acuerdo establece que la Xunta aportará 32.000 euros para apoyar a las autoridades judiciales y otros agentes implicados en las tareas de gestión, depósito y realización anticipada de los bienes incautados en estos procesos.
El objetivo es ofrecerle a las autoridades judiciales información y apoyo que permita reducir la carga de trabajo de las unidades judiciales que instruyen procesos de tráfico de drogas.
De este modo, ha apuntado, se agiliza la actividad de las unidades judiciales que se encargan de estos asuntos en lo que se refiere a las ejecuciones y se maximiza el rendimiento económico al reducirse los costes de depósito y gestión de los actos decomisados. A su vez, se fomenta el retorno social de los bienes incautados a través de acciones antidroga mediante la adjudicación o cesión de bienes no vendidos a entidades sociales.
Así, la Fundación Galega contra o Narcotráfico se encarga de coordinar con los agentes implicados la recogida del bien, el transporte y el depósito, así como orientar a la autoridad judicial sobre los supuestos en los que resulta más conveniente la venta anticipada de los bienes; e informar acerca de las solicitudes de uso o cesión de bienes incautados.
Además, la cuantía aportada por la Xunta al amparo de este convenio se destina también a actuaciones formativas y divulgativas para luchar contra el tráfico de drogas en Galicia. En esta línea, se incluyen encuentros profesionales, campaña de sensibilización social, asesoramiento a personas con drogodependencia y a sus familias. También a promoción de iniciativas a favor de la lucha contra el narcotráfico en Galicia y la colaboración permanente con las fuerzas de seguridad y profesionales del ámbito judicial.
La colaboración entre el Gobierno gallego y la Fundación Galega contra o Narcotráfico en la materia comenzó en 2015 y en ella participa también el Colegio de Procuradores de A Coruña, en cuyas dependencias se depositan los bienes.