El Portavoz del Grupo Provincial Popular de Lugo, Antonio Ameijide, ha tachado este jueves al presidente de la Diputación de «mentiroso compulsivo» y lo ha acusado no solo de «tener conocimiento» de la venta pública de las parcelas urbanizables de Paradai, en 2007, sino también de tener que hacer frente ahora, presumiblemente, al pago de una indemnización al propietario de los terrenos.
En la rueda de prensa convocada este jueves frente al Pazo de San Marcos, el portavoz de los populares en la provincia ha salido al paso de la denuncia formulada el martes por el presidente, José Tomé, acusando al PP de la venta, en 2007, de casi 60.000 metros cuadrados de suelo público urbanizable a un particular mientras gobernaba la institución en funciones Francisco Cacharro (PP) y tres días antes de la toma de posesión de Besteiro como nuevo presidente.
«Estamos asistiendo a una situación dantesca por parte de un presidente de la Diputación agotado», ha comenzado diciendo Ameijide, que ha solicitado a José Tomé que «deje a los muertos tranquilos» –en alusión al fallecido ex presidente Francisco Cacharro– y «a las instituciones públicas fuera de las peleas políticas del Partido Socialista».
Ameijide ha asegurado que los socialistas eran «conocedores» de la venta de las parcelas públicas ya que votaron a favor del inicio del procedimiento para el desarrollo del Plan Paradai en el año 2004, así como de la aprobación de los pliegos de enajenación de bienes, en 2006, y del expediente de adjudicación de la primera venta de las parcelas del entorno ese mismo año, cuando, ha enfatizado, «no había nadie en funciones porque faltaba un año para la celebración de las elecciones».
«Que en el año 2007 se publique en el Boletín Oficial de la Provincia la venta de una edificabilidad en Paradai de forma pública y transparente, se dé un plazo de presentación de ofertas y haya tres licitadores que se presentan a la misma con total publicidad, eso no es ningún pelotazo, eso es cumplir la ley. Podemos afirmar que el 23 de marzo de 2007, sin nadie en funciones en esta Diputación, se adjudicó de forma unánime, con el voto a favor del PSOE, la venta de esos terrenos», ha ahondado.
También ha asegurado Ameijide que la firma de la venta de las parcelas realizada por Cacharro mientras se encontraba en funciones fue el «acto debido de cualquier responsable que esté en una administración pública cuando no hay un procedimiento iniciado y ya adjudicado». «Lo único que hizo es firmar el final de ese procedimiento administrativo, pero todo el procedimiento y la adjudicación era previo a ese cambio de gobierno».
LA DEUDA
Además de ser conocedor de la venta pública de las parcelas de Paradai, José Tomé también tenía conocimiento, tras la liquidación de Suplusa –la sociedad urbanística provincial– en el año 2020, de la existencia de una deuda de 2.718.694 euros por parte del comprador de los terrenos por un incumplimiento de los acuerdos de compraventa, ha asegurado Ameijide.
Una deuda de la que «desaparecieron 257.000 euros» en 2021, según el portavoz provincial de los populares, por la que la Diputación de Lugo debió personarse en un proceso contencioso administrativo y a cuya devolución «tengan que hacer frente probablemente todos los lucenses».
«Después de 18 años esperando una parcela de reemplazo, es decir, esos terrenos que compró por 3.700.000 euros en los que podía edificar, después de 18 años, ni hay parcela, ni hay terrenos, ni pudo poner un ladrillo», ha sentenciado Ameijide, que ha achacado al «caciquismo y al urbanismo a la carta del Partido Socialista durante los últimos años» la posibilidad de que pueda llegar a producirse un nuevo caso similar al del Garañón.
