La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se ha reunido con la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, y han acordado una «colaboración mutua» para facilitar el acceso de la ciudadanía a la vivienda.

«El acceso a la vivienda es un reto colectivo que requiere la cooperación de todas las administraciones», ha señalado Isabel Rodríguez en la junta que se ha celebrado este miércoles en Madrid.

Durante el encuentro, la ministra ha tratado con la conselleira los datos de la inversión estatal en Galicia, que ascienden a un total de «más de 507.4000.000 euros», de los que trasfirieron «más de 470 millones».

Ambas partes, ha detallado el ministerio en un comunicado, han manifestado su voluntad de «seguir colaborando» en beneficio de la ciudadanía, así como su «compromiso de cooperación mutua».

Por su parte, según ha explicado la Xunta en un comunicado, Martínez Allegue ha reclamado el incremento de los fondos del programa Next Generation destinados a Galicia para la actuación de mejora de la eficiencia energética de las viviendas, dada la alta demanda de las mismas y el grado de ejecución de los fondos ya aportados a la comunidad autónoma.

En la junta también han tratado sobre el nuevo plan de vivienda, mercados tensionados, las viviendas de la Sareb y la «no inclusión» de Galicia en el proyecto ‘Viena’.

La conselleira ha demandado que el nuevo plan de vivienda sea «más flexible» y que las medidas incluidas en el «tengan en cuenta» las ya existentes en las comunidades autónomas, para «evitar duplicidades y conseguir» que los fondos se destinen a satisfacer las necesidades reales de cada comunidad.

También ha planteado la necesidad de que la Sareb ceda «más viviendas» a la administración autonómica y lo haga de «forma gratuita».

Además, ha pedido la inclusión de Galicia en el plan ‘Viena’, por el que la Sareb pondrá suelo a disposición de los promotores para que construyan viviendas para el alquiler que, pasado el precio de concesión, pasará a manos de los ayuntamientos o de las comunidades autónomas a las que la Sareb transfiera la actuación antes de la extinción de la sociedad.