El Consello de Contas apunta a una «deficiente» presupuestación de la Xunta en 2022 al existir un uso «recurrente» de las ampliaciones de crédito, que van al alza, al igual que el uso del fondo de contingencia para partidas previsibles.

En su informe sobre la Conta Xeral de 2022, publicado este lunes, Contas incide en diferentes reproches realizados a la Xunta en los últimos años, los cuales pasan por un uso indebido del fondo de contingencia, imputar gastos a ejercicios que no se corresponden y ampliaciones de crédito reiteradas sobre partidas que se «pueden determinar anualmente de forma más precisa en los presupuestos iniciales».

No obstante, Contas concluye que la Conta Xeral de 2022 «refleja razonablemente en todos los aspectos significativos» la actividad económica y financiera. Un ejercicio que se vio marcado por la gestión de los fondos europeos de recuperación frente a la pandemia.

En un año todavía marcado por la incidencia de la covid, se observa que los recursos del sistema de financiación autonómica cayeron un 2,2%. «La baja recaudación efectiva del año 2020, a consecuencia del impacto de crisis, dio como resultado una liquidación negativa de los recursos del sistema de 392,2 millones de euros (frente al saldo positivo del ejercicio anterior de 376 millones de euros) que fue compensada por el Estado con una transferencia extraordinaria por el mismo importe», explica.

Las modificaciones presupuestarias incrementaron el presupuesto inicial en un 7,8%, por debajo del nivel del ejercicio anterior, «pero con un importante incremento de las ampliaciones de créditos (43%) y, de forma muy significativa, de las incorporaciones de crédito (77,8%)». En el Sergas, las modificaciones suponen una subida del 10,2%, frente al 7% del ejercicio anterior.

«También es salientable el incremento del fondo de contingencia, que supuso en este ejercicio un total de 359 millones de euros y sigue empleándose para la cobertura de gastos (principalmente gasto corriente) que son objeto de una deficiente presupuestación».

REPROCHES

El órgano fiscalizador afea que el presupuesto de la Xunta computa gastos anteriores a 2022 por 69 millones y no registra 79 millones correspondientes a ese año, lo que arroja un resultado presupuestario sobrevalorado en 10 millones.

Observa que el saldo presupuestario está sobrevalorado en 33,5 millones por los errores en los ajustes practicados en estas desviaciones. Asimismo, el remanente de tesorería está sobrevalorado den 79,2 millones por no imputar gastos al ejercicio correspondiente.

En el Sergas, los gastos imputados de anteriores ejercicios son de 67,9 millones, al tiempo que se dejan se registrar gastos de ese año por 70,8 millones, por lo que está sobrevalorado en 2,88 millones. Y el Sergas «continúan sin implantar un sistema integral de contabilidad» tal y como exige el plan general de contabilidad pública.

En el conjunto del sector público consolidado existen gastos pendientes de imputar a 2022 por importe de unos 181 millones. Asimismo, «persiste el uso inadecuado del programa presupuestario de imprevistos y funciones no clasificadas que ya se vienen reiterando en informes anteriores», en donde se elude los límites fijados normativamente para transferencias.

Entre otros reproches, Contas dice que «no existe información sobre la antigüedad» de los deudores pendientes de cobro, lo que limita el cálculo de los derechos de dudoso cobro. Mientras, el balance de inmovilizado material no concuerda con el inventario.

El informe apunta a varias incorrecciones, tales como que la memoria no se ajusta a la estructura de la contabilidad de Galicia, además de que «la información de los contenidos incluidos no es completa».

También se reprueba que se anote como activos financieros 114,2 millones destinados a cubrir déficits de explotación de la CRTVG que «deberían registrarse como gasto no financiero y, por lo tanto, disminuir el resultado de operaciones no financieras en ese importe».

NUEVAS RECOMENDACIONES

En el apartado de recomendaciones, Contas incluye nuevos avisos respecto a otros ejercicios. Uno de los puntos que marca es desarrollar normativamente un sistema de supervisión de las entidades dependientes de la Xunta para comprobar sus motivos de subsistencia y sostenibilidad financiera, en donde se incluya la «formulación expresa» de propuestas de mantenimiento, transformación o extinción de estos entes. En otro apartado, cifra en una docena las entidades que no rindieron cuentas.

El déficit de organismos autónomos y agencias públicas se sitúa en 409 millones, por lo que «mejora ligeramente». Hay 88 entidades definidas como sector público autonómico, de las cuales las incluidas en el ámbito presupuestario son 72.

También se emplaza a la Xunta a remitir a Contas anualmente un informe sobre el seguimiento de los expedientes de reintegro y sancionadores derivados del control financiero.

Igualmente, se requiere información complementaria en la memoria de la Conta Xeral sobre la ejecución de las previsiones respecto a los beneficios fiscales «en aras a mejorar la comprensión de la liquidación del presupuesto de ingresos». También pide datos sobre los efectivos de personal por categorías y sexos, así como depurar saldos de derechos pendientes de cobro.

EJECUCIÓN DE FONDOS EUROPEOS

El informe indica que en diciembre de 2022 el Estado había asignado a Galicia 1.659 millones de fondos europeos de recuperación por la covid, de los que la Xunta había ingresado 1.218 millones.

De acuerdo con la programación plurianual, los créditos consignado a finales de 2022 para los fondos del Mecanismo Europeo de Recuperación (MRR) fueron de 529 millones y para el REACT, de 596 millones, por lo que la ejecución se sitúa en el 35% y el 36%, respectivamente, de los créditos definitivos. Con todo, estaba en fase de compromiso el 56% de los créditos (un 72% si se consideran compromisos futuros).

«Esa ejecución acumulada representa un 15% de los fondos MRR asignados por el Estado para el periodo de programa 2021-2026 (un 17% de los ingresados) y un 48% de los fondos REACT asignados (un 182% de los ingresados) para el periodo 2021-2023», cifra.

MÁS DE 330 MILLONES DE PEAJES EN SOMBRA

Uno de los datos que arroja el informe es que a cierre de 2022 la deuda de Galicia se situaba en 11.977 millones, de los que 11.603 millones se corresponden a la administración general.

El resto de la deuda, en concreto 331 millones, procede fundamentalmente del préstamo imputado al peaje en sombra para la construcción de las autovías de O Salnés, Barbanza, Santiago-Brión y Ourense-Celanova.

AVALES FALLIDOS DEL IGAPE

Paralelamente, los avales financieros concedidos por el Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), cuyo riesgo es asumido por la Administración autonómica, presentan un riesgo vivo a finales de 2022 de 13 millones. Los pagos por avales fallidos realizado spor la Xunta entre 2010 y 2022 ascienden a 85,4 millones.

«La política de apoyo a través de préstamos iniciada por el Igape en 2007 ofrece un balance con un importante grado de morosidad y con una parte significativa de deudores que no devolvieron los préstamos vencidos (más de la mitad de los vencimientos)», resume Contas. En 2022, la crisis de la covid-19 dio lugar a moratorias los préstamos y nuevos programas de financiación. A finales de 2022, 43 millones de euros permanecían como derechos pendientes de cobro por préstamos que tendrían que estar devueltos.

La Xunta también participa en Sodiga, sociedad de capital riesgo, y en entidades de inversión colectiva. El capital aportado a estos instrumentos hasta 2022 eran 360 millones, con unas pérdidas acumuladas de 136 millones, un 38% de los fondos aportados.