La sección segunda de la Audiencia Provincial de Lugo ha acogido este martes la celebración del juicio contra un joven procesado por un delito continuado de violación cometido presuntamente sobre su ex pareja, entonces de 17 años, para quien la acusación particular ha solicitado una pena acumulada de 18 años de prisión y para quien la Fiscalía ha interesado una sentencia absolutoria al entender los hechos como «no constitutivos de infracción penal».

El procesado, un joven de 20 años vecino de la localidad de Vilalba (Lugo), ha negado durante el interrogatorio los hechos, acontecidos durante las últimas semanas de noviazgo de la pareja en el piso que ambos compartían en el municipio chairego, en septiembre de 2021.

El joven, sobre el que pesa una orden de alejamiento de la mujer por la presunta comisión de tres delitos de maltrato en el ámbito familiar y uno de malos tratos habituales –por los que ha sido condenado pero cuya sentencia se encuentra recurrida–, ha sido el primero en declarar ante la jueza y ha negado rotundamente haber obligado a su ex pareja a mantener relaciones sexuales contra su voluntad «en ningún momento de la relación».

«Todas las veces que tuvimos relaciones fue porque ella quería o me lo pedía», ha asegurado, para acto seguido denunciar la conducta «controladora» de la joven durante todo el noviazgo y acusarla de propinarle «una bofetada», episodio desencadenante, ha precisado, de su decisión de poner punto y final a la relación sentimental entre ambos.

«CREÍA QUE TENÍA QUE AGUANTAR ESTAS COSAS»

La denunciante, que ha declarado ante la jueza separada por un biombo del imputado, ha acusado a su ex compañero sentimental de insultarla habitualmente, agredirla con «tirones de pelo, empujones y pellizcos» y «emplear la fuerza» para forzarla a «mantener relaciones sexuales con penetración anal y vaginal sin preservativo».

«Durante los últimos meses me obligaba a tener relaciones. Al principio yo cedía pero después le decía que no quería y él se ponía encima y lo hacía igualmente», ha relatado.

La joven, que ha asegurado también ante la jueza sentir «miedo» de su ex pareja y de los familiares cercanos de este, a quienes ha calificado como personas «agresivas» y «violentas», ha indicado que si no denunciaba las agresiones sexuales sufridas era porque entendía que se trataba de episodios que debía «soportar».

«Era mi primera pareja y yo creía que tenía que aguantar estas cosas. Que eran situaciones que había que pasar por alto, que tenía que permitir», ha manifestado.

INFORMES FORENSES Y TESTIGOS

La letrada de la acusación particular ha puesto énfasis durante su intervención en el hecho de que los resultados de la exploración realizada a la joven el día de la denuncia indicaban la existencia de lesiones en el área vaginal pese a que el acusado aseguraba no haber mantenido relaciones sexuales con la joven «en las últimas semanas».

También ha subrayado la abogada que la joven, que presentó tras lo sucedido un «trastorno adaptativo con sintomatología ansioso-depresiva» acreditada por los facultativos que la atendieron, continúa a tratamiento psicológico actualmente.

La defensa, que ha renunciado en la vista a la declaración de dos testigos, ha aludido a la existencia de audios «muy contundentes y claros» y de mensajes de texto intercambiados entre la presunta víctima y familiares del acusado capaces de desmontar la acusación. También ha incidido en las «contradicciones» mostradas por la joven en los testimonios ofrecidos en la Audiencia y durante la fase de instrucción.

La madre de la denunciante ha sido interrogada en calidad de testigo y aunque ha asegurado que desconocía los pormenores de las relaciones sexuales mantenidas entre su hija y el procesado, ha afirmado presenciar conductas «raras» y «violentas» por parte de este. «Yo soy víctima de violencia de género y tenía miedo de que a ella le pasase lo que me pasó a mí», ha declarado.

Además de la petición de una pena acumulada de prisión de 18 años, la acusación particular ha solicitado durante el juicio, que ha quedado visto para sentencia, una indemnización en concepto de responsabilidad civil en favor de la víctima de 5.689 euros por los días de perjuicio ocasionados y 1.872 euros por las secuelas restantes, así como el pago de las costas procesales.