Augas de Galicia ha revocado la autorización de vertido de aguas residuales industriales de la mina de San Finx, en el municipio coruñés de Lousame, al tiempo que ha detectado niveles de metales superiores al límite permitido.

En febrero de 2023, Augas de Galicia otorgó a Tungsten San Finx la autorización de vertido al río Pesqueira o arroyo de Rabaceiros (cuenca de la ría de Muros y Noia) de aguas residuales industriales depuradas procedentes de la explotación minera de estaño y wolframio. Se estableció un plazo de cuatro meses para la finalización de las obras correspondientes a los sistemas de tratamiento y evacuación de las aguas residuales, plazo que luego fue ampliado pero no cumplido por la compañía.

Tras una inspección en agosto de 2023 de técnicos, se requirió a la empresa un ajuste de la gestión de las aguas residuales generadas en las instalaciones a las condiciones establecidas en la autorización de vertido otorgada.

En octubre del mismo año, personal de Augas de Galicia realiza nueva inspección en la que se constata que las instalaciones de depuración de las aguas residuales industriales «siguen sin estar ejecutadas en su totalidad», así como la existencia de un vertido al dominio público hidráulico con concentraciones superiores a los límites autorizados en los parámetros de níquel, cadmio, cobre y zinc.

La Xunta apunta que el «plazo ha sido reiteradamente incumplido hasta el punto de que ni siquiera se han iniciado las obras varios meses después de haber vencido el plazo para su conclusión».

La resolución, con fecha del 9 de abril de este año, está firmada por la directora de Augas de Galicia, Teresa Gutiérrez. Contra esta resolución cabe presentar recurso de alzada.

ECOLOGISTAS EXIGEN 10 MILLONES PARA GARANTIZAR LA RESTAURACIÓN

Por su parte, Ecoloxistas en Acción celebra esta revocación de una autorización que «puso en pie de guerra a toda la comarca», ya que la empresa «venía ignorando el condicionado repetidamente de la autorización, lo que llevó a principios de este año se impusiese una sanción de 180.000 euros por la comisión de una infracción grave derivada de los vertidos con concentraciones elevadas de sustancias tóxicas, incluyendo cadmio, cobre, cinc y níquel».

Los ecologistas celebran una resolución que «frena en seco el vertido de casi 1.000 millones de litros de aguas residuales al año». No obstante, avisan de que esta decisión «no pone fin al conflicto», por lo que anuncia nuevas acciones para una solución definitiva a los vertidos, que pase por el sellado y taponado de las galerías de desagüe.

Alertan del riesgo de abandono y fuga de la empresa, «en manos de testaferros peruanos», y exigen una caución de 10 millones de euros para garantizar la restauración. Por ello, urgen medidas para parar la contaminación.