La vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda en funciones, Ángeles Vázquez, ha demandado a los ayuntamientos que a la hora de formalizar la petición de declaración de zonas de alquiler tensionado tengan «su propia mesa sectorial» de vivienda, lugar en el que, en opinión de la responsable autonómica, «se deben tomar decisiones de calado importante», al igual que hace la Xunta, ha añadido, en el Observatorio da Vivenda de Galicia.
En declaraciones a los medios antes de participar en un encuentro con representantes de inmobiliarias, administradores de fincas, ayuntamientos y usuarios para explicar la ley estatal de vivienda y la entrada en vigor del índice de precios del alquiler, Vázquez ha señalado que el objetivo de este encuentro es «clarificar» una ley que «está dando muchos dolores de cabeza desde su aprobación».
«Hay un punto, el de las zonas tensionadas, que era engorroso, difícil de entender. Lo que ha hecho la Comunidad ha sido clarificar y, a mayores, hacer lo mismo que hacemos como Xunta, que es que cuando se toman decisiones de calado importante tiene que haber una mesa sectorial», ha manifestado.
INFORMACIÓN «CONTRADICTORIA»
Así, ha defendido que la Xunta avanza para que los ayuntamientos tengan toda la información de esta norma, pero ha lamentado que es «contradictoria». En este sentido, ha puesto como ejemplo la ciudad de Pontevedra que, según la vicepresidenta segunda, por un lado podría ser «declarada íntegramente tensionada», y por otro, con el índice de precios, «solo sería un distrito, no la ciudad». «Ninguna ciudad al completo puede ser tensionada con los datos que acaba de publicar el Gobierno», ha asegurado.
En el caso de Santiago, ha detallado que con la nueva normativa hay tres distritos que podrían ser declarados zona tensionada según el índice de precios, que serían la parte baja del Ensanche, Conxo y Pontepedriña, «siempre y cuando el ayuntamiento tenga la planificación de cómo va a resolver los problemas derivados de no tener vivienda en este momento para que la gente alquile».
En este contexto, ha vuelto a insistir en que la Xunta no va a declarar de oficio zonas tensionadas porque cree que es «un paso atrás». Con todo, ha afirmado que atenderán las solicitudes de los municipios que cumplan «las obligaciones» que, ha apuntado, «pone el Gobierno central, no la Xunta».
«OBLIGACIONES»
Entre esas obligaciones, Ángeles Vázquez ha recordado que se debe destinar «por lo menos un 20% de su suelo a vivienda pública» o tener «una planificación a lo largo de los años para tener vivienda pública», algo que, según la vicepresidenta, «hasta ahora quien la está construyendo es la Xunta» y de los ayuntamientos solo han recibido dos solicitudes –Vigo (74) y A Coruña (50)–.
Por ello, este martes la Xunta ha trasladado a las entidades locales «los pasos a dar» que establece la ley estatal de vivienda que, ha reiterado, el Gobierno gallego considera «inconstitucional».
«Nos ponemos a disposición con los datos; y los datos en Galicia indican que el número de grandes propietarios de más de cinco viviendas no llega al 4%, por lo tanto esa figura que es en la que se basa la ley y que es la que limita los precios, en Galicia la incidencia es mínima», ha recordado.
Por otro lado, ha indicado que cuando se habla de limitar el precio «es un límite de aquellas viviendas que llevan más de cinco años sin estar alquiladas». «Cuando no se alquilaron en los últimos cinco años hay que ver cuáles son los motivos y uno de los que a nosotros nos trasladan es la gran inseguridad jurídica», ha añadido antes de defender que no se trata «solo de ocupación, sino de ‘inquiocupación'», esto es, en palabras de la vicepresidenta, «la persona que entra y después no hace frente a los gastos».
«A partir de ahí, el resto de alquileres siguen con sus precios y pueden incrementar hasta un 10% en caso de que hagan reformas o se les permite el IPC. Solo se limita el precio en el caso de grandes propietarios y en el caso de aquellas viviendas que lleven más de cinco años sin estar alquiladas», ha aseverado.
Asimismo, tras reiterar que Galicia no va a realizar de oficio la declaración, ha reconocido que «no puede ir en contra de una ley básica» y ha insistido en que son los ayuntamientos los responsables de «hacer su solicitud, de aportar la documentación necesaria» y, a partir de ahí, «si cumplen, la Xunta no se puede negar». «Acatamos la Constitución, distinto es que entendamos que esta ley es insconstitucional y por eso la recurrimos», ha manifestado.
«OPOSICIÓN» DE LOS ADMINISTRADORES DE FINCAS
Por su parte, la presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Galicia, Teresa Suárez Agrasar, ha mostrado su oposición a la aplicación en su conjunto de la ley de vivienda.
«Consideramos que la responsabilidad de que no haya viviendas en el mercado o que se haya incrementado el precio no es de los pequeños tenedores, que son la mayor parte, el 95% de los propietarios en Galicia», ha expuesto en declaraciones a los medios.
En este sentido, ha lamentado que se trata de gente que «ha ahorrado para tener un complemento a su jubilación y que ahora se ve atrapado en una serie de normas que no le permite ni invertir en una vivienda, ni reformarla, ni siquiera poder sacar una rentabilidad mínima» porque, ha añadido, «esta ley no solo trata del incremento de la paralización o la intervención de la renta, sino de cómo va a desarrollarse un posible desahucio en el caso de impago». «Ese es uno de los problemas más importantes que vemos en esta ley», ha opinado.
Sobre la problemática para acceder a una vivienda, Teresa Suárez ha apostado por dar «facilidades y seguridad jurídica a los propietarios» para que pongan sus viviendas en el mercado. «Las administraciones no están creando vivienda pública y se pretende que sean los pequeños propietarios, los mayoritarios, los que solucionen el problema de vivienda», ha criticado.
CONSUMIDORES VEN «UNA BUENA HERRAMIENTA»
Diferente opinión sobre la ley ha mostrado el secretario xeral de Consumidores de Galicia, Miguel López, que ha señalado que la declaración de zona tensionada «puede ser una buena herramienta» para establecer un índice de precios que permita que «muchas familias puedan acceder a una vivienda»
Con todo, ha reconocido que los índices que se utilizan «no están lo suficientemente claros» y se pueden encontrar «ciertas anomalías». «Entendemos que es una buena herramienta pero queda mucho por contextualizar y saber cuáles son los elementos a tener en cuenta y a valorar», ha apuntado.
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Audio: Xunta pide a los municipios una mesa sectorial de vivienda propia
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Audio: El Colegio de Administradores de Fincas de Galicia muestra su oposición a la ley de vivienda
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Audio: Consumidores de Galicia ven la ley de vivienda «una buena herramienta»
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