Los votos del grupo mayoritario, el PPdeG, han tumbado la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por la central nacionalista CIG que reclamaba que la Administración autonómica asumiese la gestión de las centrales hidroeléctricas una vez finalizada su concesión, proposición que contó con el respaldo de la oposición en la Cámara.

La iniciativa, para la que la CIG recabó más de 13.000 firmas, ha sido debatida durante la sesión plenaria que arrancó en la mañana de este martes en el Pazo do Hórreo. Finalmente, a pesar de contar con los votos a favor de los grupos de la oposición –PSdeG, Común da Esquerda, BNG y mixto–, la propuesta ha sido rechazada por la postura del Partido Popular.

La diputada popular Marta Nóvoa ha asegurado que la propuesta se asienta en la «demagogia» y no en «criterios técnicos», por lo que avanzó la oposición de su grupo a una iniciativa «inviable» y que no tendría «rentabilidad» económica al solo poder recuperarse las centrales que pertencen a la confederación hidrográfica Galicia-Costa, cuyos embalses gestiona la Xunta a través de Augas de Galicia.

Antes, el encargado de defender la iniciativa ha sido Fernando Blanco Parga, cuyo pasado como diputado autonómico del BNG ha sido recordado por la parlamentaria del PPdeG Marta Nóvoa. Blanco Parga incidió durante su exposición en que la recuperación de centrales hidroeléctricas «no es una propuesta que venga de Marte», sino decisiones de este tipo han sido aplicada en regiones como los Pirineos.

Asimismo, puso el foco en la opacidad de ciertas concesiones de explotación de algunos saltos hidroeléctricos, aspecto también recogido en la ILP que pedía revisar las concesiones «una a una» para conocer sus detalles.

«No hay que romper nada. Se termina la concesión y se recupera. No va contra posiciones ideológicas ni contra lo privado», ha incidido Blanco Parga, que ha puesto el acento en que se trata de una cuestión de «voluntad política».

En su turno, Nóvoa criticó estos argumentos y el fondo de la propuesta, pues, para los populares, el número de centrales con concesión caducada o que finaliza en los próximos, así como el volumen de producción de las mismas, no justifica la creación de una empresa pública que se dedique a la gestión de estos saltos.

A continuación, durante el turno de cierre reservado a los impulsores de la propuesta, Blanco Parga, que se ha mostrado molesto con la actitud sobre el estrado de la diputada del PP, ha lamentado que los populares «nieguen a los gallegos» una industria que genera «con agua caída del cielo» una producción «de 50 euros diarios por 3 de inversión».

GRUPOS DE LA OPOSICIÓN

Por parte del resto de grupos con presencia en la Cámara, el socialista Luís Álvarez mostró la disposición de su formación a una medida que permitiría avanzar hacia la transición energética durante la década entre 2030 y 2040, cuando coinciden los plazos para la aplicación de los objetivos para combatir el cambio climático con el fin de las concesiones de algunos saltos hidroeléctricos.

Para Antón Sánchez (Común da Esquerda), la asunción por parte de una empresa pública de las centrales enmendaría en parte «el saqueo del bien común» perpretado «con intereses ajenos al pueblo gallego» durante el último siglo, especialmente durante la dictadura franquista, ha remarcado antes de acusar al PP de ser «colaborador necesario de este espolio». «El PP es fiel a la historia de su partido, sigue premiando a sus empresas», ha apostillado.

«Ya sé que les gustaría más gobernar una comunidad de vecinos que un país. Pero lo que tienen que hacer es gobernar un país. Hagan algo nuevo», ha aseverado Noa Presas (BNG) en un mensaje al PP, al que invitó a respaldar una iniciativa que no suponía «el asalto del Palacio de Invierno».

Por último, Pancho Casal (grupo mixto) aseguró que la recuperación de las centrales hidroeléctricas supondría «un primer paso» hacia lograr la transición energética, ya que podría empezar a aplicarse con las nueve centrales cuya concesión ya ha expirado.