El informe del Consello de Contas que analiza la contratación de las entidades locales en 2019 y 2020, con el foco en la pandemia, refleja que en el año más crudo de la covid-19 se comunicaron a través de la Plataforma de Rendición de Cuentas de las entidades locales 161 contratos de emergencia. El paso lo dieron en torno a una docena de administraciones, aunque la mitad de los contratos proceden del Ayuntamiento de lo Santiago y en ninguno de los 85 que notifica consta la justificación de emergencia.

El documento aprobado y remitido al Parlamento autonómico por parte del órgano fiscalizador constata que, con el trasfondo de la covid-19 y el real decreto ley que habilitaba a las administraciones a urgir los pasos necesarios para actuar de inmediato frente a la pandemia, el recurso de la tramitación de emergencia fue muy superior en 2020, en relación al año anterior, por parte de las entidades locales.

Así, si en 2019 Contas hace constar que se comunicaron tres contratos por esta vía –uno de la Diputación de Pontevedra, que lo justificó, y otro por parte del Ayuntamiento de Arzúa (A Coruña)–, en el siguiente ejercicio el número asciende a 161 –dos procedentes del ejercicio previo–.

La administración local que comunicó un mayor número de contratos a través de la Plataforma de rendición de cuentas en 2020 fue el Ayuntamiento de Santiago de Compostela, que entonces dirigía el socialista Xosé Sánchez Bugallo, ahora senador. En ninguno de los 85 (su precio total de licitación supera el millón de euros) consta la justificación de emergencia, según apunta Contas.

Además, el órgano fiscalizador incide en que 24 de los 85 (cuyo precio total de licitación supera los 300.000 euros) no figuran publicados en su perfil del contratante, por lo que tampoco consta justificación del procedimiento, objeto, precio de adjudicación ni identidad del contratista. Con todo, en 20 de estos 24 sí se refleja que «existe coherencia» con la emergencia derivada de la covid-19.

En los otros 61 contratos consta la publicación en el perfil del contratatante, figurando el objeto, precio de adjudicación e identidad del contratista, si bien no se hace constar la justificación del procedimiento. En 47 de los 61 publicados «existe coherencia del objeto» con la situación de emergencia derivada de la covid-19.

DUDAS SOBRE EL OBJETO SOCIAL DE LOS ADJUDICATARIOS

Contas también realiza una comprobación de la capacidad de contratar de los adjudicatarios en relación con el objeto del contrato; y del análisis realizado se desprende que siete de los adjudicatarios se corresponden con personas físicas, por lo que «no se pudo verificar su capacidad de contratar según el objeto del contrato».

Al respecto, el órgano fiscalizador apunta, por ejemplo, que un contrato del Ayuntamiento de Santiago fue adjudicado a una sociedad –Ranebe 2003, S.L.– con un objeto social, según el Registro Mercantil, de «administración de valores mobiliarios y participaciones propiedad de la sociedad, y construcción y promoción de viviendas», que «no guarda relación con el objeto del contrato que consiste en suministro de 10.000 máscaras quirúrgicas».

También menciona el informe un contrato de suministro del Ayuntamiento compostelano que fue adjudicado a la Asociación empresarial del Tambre. Apunta el órgano fiscalizador que esta no tiene obligación de figurar inscrita en el Registro Mercantil, «si bien el suministro de 4.000 máscaras no parece estar en su fin».

MÁS ADMINISTRACIONES OPTARON POR ESTA VÍA

Al margen del Ayuntamiento de Santiago, administraciones de distintos colores políticos y entidad acudieron a esta vía. Así, también llama la atención, por su volumen, el caso de Narón, municipio de casi 40.000 habitantes gobernado por Marián Ferreiro, de Terra Galega.

Narón comunicó a través de la plataforma de rendición de cuentas 45 contratos de emergencia en 2020 por más de 200.000 euros en total. Contas reprocha que en ninguno de estos está acreditada la justificación ni de la emergencia ni del procedimiento elegido. Asimismo, en 21 de ellos –la mitad– no existe coherencia entre el contrato y la declaración de la emergencia.

Mientras tanto, Marín (Pontevedra) y Avión (Ourense), dirigidos por los ‘populares’ María Ramallo y Antonio Montero, respectivamente, notificaron en 2020 sendos contratos tramitados por emergencia, que no están publicado, ni consta el objeto, ni el precio, ni quiénes fueron los contratistas, ni tampoco las justificaciones del procedimiento.

En el caso del Ayuntamiento de Lugo, entonces gobernado por la socialista Lara Méndez –ahora diputada electa del Parlamento gallego–, notificó cuatro contratos, pero ninguno de ellos figura publicado en el perfil de contratante, ni consta su objeto, ni su precio, ni la identidad del contratista. No obstante, Contas sí ve en ellos una coherencia con la situación de emergencia derivada de la covid-19.

En una situación similar se encuentra el Ayuntamiento de Monforte de Lemos (Lugo), gobernado ahora y entonces por el socialista José Tomé, que comunicó tres contratos que ni están publicados ni se ofrece toda esa información, pero sí se justifica la tramitación de emergencia con la crisis sanitaria del momento.

Exactamente lo mimso ocurre con dos contratos de O Porriño (Pontevedra), que en 2020 tenía al frente a Eva García de la Torre (PSdeG); y con uno del Ayuntamiento de Ourense, con Gonzalo Pérez Jácome (Democracia Ourensana) como alcalde.

En lo que respecta a las diputaciones, la de Pontevedra –entonces presidida por la socialista Carmela Silva– comunicó un total de 11 contratos de emergencias y Contas reprocha que en uno de ellos no está ni publicado, ni tampoco consta la justificación de la emergencia, aunque, eso sí, lo ve coherente –como los 10 restantes– con la crisis covid.

En el caso de la de A Coruña –quien era y es su presidente, Valentín González Formoso, es ahora líder del PSdeG–, se comunicó por la Plataforma de Rendición de Cuentas un único contrato de emergencia del que Contas advierte que no está justificado el empleo de este procedimiento, si bien es coherente con el contexto pandémico.