La Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia (Asime) y la plataforma de empresas auxiliares afectadas por la situación de Hijos de J. Barreras han vuelto a urgir este lunes una solución a la crisis del astillero, y han constatado que algunas de estas empresas están «cerca» de solicitar preconcurso de acreedores.

Así lo han trasladado tras una jornada de reuniones con los sindicatos UGT, CC.OO. y CIG, y han advertido de que es necesaria una «salida urgente» a la situación «en un máximo de 48-72 horas». «Hay capacidad suficiente en Galicia para terminar los proyectos de Barreras y es fundamental que se satisfagan las deudas con la industria auxiliar, que ascienden a más de 20 millones de euros», ha señalado el secretario general de Asime, Enrique Mallón.

Mallón ha vuelto a insistir en que la industria auxiliar «no puede aguantar mucho más» y ha recordado que se han rescindido más de 700 contratos y varios cientos más están pendientes de que Barreras cierre su crisis.

En la misma línea, el portavoz de la plataforma de empresas auxiliares (que aglutina a 32 firmas), Alberto Rocha, ha incidido en que esta industria «está a expensas de las decisiones de los demás actores» y ha señalado que estas empresas están asumiendo un papel que no les correspondería, «pero que se hace necesario por la urgencia de la situación».

«Incidimos en la conveniencia de la venta de acciones o ampliación de capital, y trasladamos la disposición total de la industria auxiliar a cumplir con los encargos contratados», ha añadido Alberto Rocha.

SINDICATOS

Por su parte, los sindicatos han coincidido en señalar la necesidad de una solución rápida, ya que varias empresas auxiliares han empezado a negociar EREs y alguna se ve ya «sin liquidez» para afrontar pagos.

El secretario general de Industria de CC.OO. en Vigo, Celso Carnero, ha expresado las «dudas» de este sindicato acerca de una pronta solución, y de la entrada del fondo Oaktree en el accionariado de Barreras (que actualmente conforman PMI, filial de PEMEX, con el 51 %; las empresas de José García Costas y el grupo Albacora, que se reparten a partes iguales el 49 % restante).

Según ha apuntado Carnero, «parece más cerca la liquidación» que otra salida, y ha planteado, si se da «el peor escenario posible», que el astillero contrate a trabajadores de la industria auxiliar que se queden fuera de las empresas para acabar los proyectos. «Si la industria auxiliar cae, ¿quién va a hacer los barcos?», ha cuestionado.

Por otra parte, ha recalcado la importancia de convocar la mesa sectorial del naval, «parada desde 2009», y ha pedido que se cree un fondo de garantías recíprocas, para que las empresas auxiliares tengan seguridad a la hora de cobrar los trabajos en los astilleros. Finalmente, ha advertido de que, aunque Barreras cambie de propietarios, «habrá que hacer una inversión para pagar a las auxiliares», que no podrán «soportar más quitas».

Mientras, el portavoz de UGT, Rubén Pérez, ha subrayado que, aunque es necesario hacer un análisis global del sector, «en este momento lo prioritario es buscar una solución a la situación de Barreras», algo que la mesa del naval no puede solventar.

Pérez ha expresado su esperanza en que pronto se pueda poner fin a la incertidumbre sobre el cambio de propiedad del astillero, un proceso que se puede hacer en un solo movimiento, si el fondo Oaktree adquiere el 100 % de las acciones, o «en dos operaciones», haciéndose primero con el 49 % de los títulos de los accionistas españoles y luego con la mayoría que posee la filial de PEMEX, teniendo en cuenta que «es una empresa estatal, y lleva otros ritmos».

Finalmente, el responsable del naval en la CIG, César Rodríguez, ha confirmado la «complicada situación» de las empresas auxiliares, varias de las cuales pueden solicitar el preconcurso «en cualquier momento».

Asimismo, ha vuelto a insistir en la «responsabilidad» de la Xunta, que «apoyó a este consejo de administración» de Barreras. A ese respecto, ha reiterado que, o bien los nuevos dueños del astillero ofrecen un «proyecto serio, de futuro», que contemple acabar todos los barcos, o la Xunta deberá intervenir y entrar en el accionariado.