Los dos responsables de una empresa de cementos y hormigones instalada en Redondela (Pontevedra), Jorge C.A. y Ana Rosa P.D., acusados de un delito contra el medio ambiente por los ruidos que generaba la actividad de la planta, y de cuatro delitos de lesiones (por los perjuicios a los miembros de una familia que vivía al lado), han reconocido finalmente los hechos y, tras un acuerdo de conformidad, y el pago de indemnizaciones por 80.000 euros, han logrado una rebaja en las penas solicitadas por la Fiscalía y eludirán la prisión.

El juicio por estos hechos comenzó el pasado 21 de febrero en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, y en ese momento ambos negaron su responsabilidad en los hechos y se acusaron mutuamente.

Así, Jorge C.A. negó tener ninguna capacidad de decisión en la empresa y aseguró que desconocía los requerimientos hechos desde el Ayuntamiento o las notificaciones policiales para cesar en la actividad, y afirmó que tampoco sabía que la empresa había sido sancionada y precintada, y que esos precintos se rompían sistemáticamente haciendo caso omiso de los mandatos de paralización.

Del mismo modo, Ana Rosa P.D. descargó toda la responsabilidad en el otro acusado, del que era pareja en ese momento, y afirmó ante el tribunal que Jorge C.A. era el verdadero dueño de la compañía y el que tomaba las decisiones, aunque fuera su tío residente en Brasil, como «testaferro», el que figuraba como administrador.

En esa primera sesión del juicio también comparecieron los miembros de la familia denunciante, que confirmaron todos los perjuicios de salud y daños sufridos por la actividad de la empresa, por los ruidos y vibraciones constantes, vertidos y otras molestias, que también corroboraron los testigos policiales.

RECONOCIMIENTO DE LOS HECHOS

En la jornada de este jueves, sin embargo, las partes han alcanzado un acuerdo con el ministerio Fiscal, que ha modificado sus conclusiones para introducir las atenuantes de dilaciones indebidas (el procedimiento se incoó en 2015 y la tramitación tuvo varias paralizaciones) y de reparación del daño, ya que los acusados han abonado íntegramente las indemnizaciones a los perjudicados, que suman 80.000 euros.

De este modo, los acusados han reconocido los hechos y han sido condenados a la pena de 2 años de cárcel y multa 633 euros por un delito contra el medio ambiente, en su modalidad de contaminación acústica, así como la inhabilitación para el ejercicio de actividad profesional relacionada con los hechos enjuiciados y generadora de ruido durante un año.

Asimismo, han sido condenados al pago de multas que suman 1.800 euros por cuatro delitos de lesiones, y al pago de las costas procesales.

Inicialmente, la Fiscalía pedía para cada uno de ellos, por esos delitos, 6 años de cárcel, multa de 5.400 euros, e inhabilitación profesional por 2 años y medio.

El tribunal ha dictado sentencia en la sala y la ha declarado firme. Además, tras acuerdo de las partes, se ha acordado suspender la ejecución de la pena de cárcel por un período de 3 años, a condición de que se acredite el pago de la responsabilidad civil (ya acreditado por la parte denunciante) y de que los procesados no delincan en ese tiempo.