La huelga de letrados del turno de oficio ha obligado a suspender este lunes el juicio contra los siete integrantes de una banda de origen nigeriano acusados de tráfico de personas para obligarlas a ejercer la prostitución y la mendicidad en Galicia.

En concreto, la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, debía arrancar este lunes el juicio, señalado para toda la semana. La huelga de algunos de los letrados personados, sin embargo, ha obligado a suspender las vitas, que aún no tienen nueva fecha.

Según recoge el escrito de acusación de Fiscalía, los acusados, con diferentes conexiones familiares y de amistad, desarrollaron «de forma sostenida a lo largo del tiempo» y con ánimo de lucro actividades dedicadas a fomentar la inmigración irregular de personas oriúndas de Nigeria, como ellos mismos, a las que proporcionaban documentación falsa, alojamiento, comida y transporte.

Posteriormente, una vez que ya se encontraban en España, las inducían a ejercer la prostitución o la mendicidad para que abonasen la supuesta deuda que habían contraído con ellos, bajo amenaza de hacer daño a sus familiares en Nigeria.

Entre las víctimas está una testigo protegida que llegó a Europa en 2016 en una balsa y, posteriormente, fue trasladada a España por tierra desde Italia en compañía de uno de los acusados. Una vez en Madrid, el grupo le dio alojamiento y le trasladó que había contraído con ellos una deuda de 25.000 euros, informándole de que «la única salida era dedicarse a la prostitución».

Para conseguir su propósito, los procesados le informaron de que sabían que en Nigeria había dejado a su abuela, elemento que utilizaron reiteradamente para infudirle miedo.

La mujer ejerció la prostitución en la capital española y, en julio de 2017, fue trasladada a A Coruña y, posteriormente, a Santiago, donde ejerció la prostitución en dos clubs.

Durante los registros derivados de la denuncia interpuesta por la testigo protegido, los agentes localizaron en las viviendas de los procesados a dos ciudadanos nigerianos en situación irregular, que apuntaron que habían contraído con los acusados una deuda económica, «en una situación idónea para que, a continuación, los encaminasen a desarrollar actividades» ilícitas.

El Ministerio Público considera estos hechos constitutivos de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, un delito de trata de seres humanos, un delito de prostitución y explotación sexual, un delito de integración en grupo criminal, otro de estafa y otro de falsificación de documento público. Pide para los acusados penas que van de los 13 a los seis años de cárcel.