Unións Agrarias (UU.AA.) ha presentado denuncia ante organismos de control y competencia contra las industrias cárnicas, agrupadas en Asogacarne, por «incumplir de forma reiterada y continuada» la ley de cadena alimentaria mediante un supuesto pacto de precios que provoca que los productores gallegos reciban un euro por debajo de costes de producción por kilo canal –cuerpo del animal después de haber sido sacrificado y eviscerado–, lo que acarrea pérdidas anuales estimadas en unos 16 millones de euros.

En concreto, la organización agraria ha presentado tres denuncias ante la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) –dependiente del Ministerio–, el Servizo da Cadea Agroalimentaria e Control de Prácticas Comerciais Desleais –dependiente de la Xunta– y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por estos hechos.

En rueda de prensa en Santiago, el secretario de Coordinación Sectorial y Área Externa de Unións Agrarias, Félix Porto, ha señalado que se ha decidido dar este paso «igual» que se hizo contra el cártel lácteo, cuyas multas acaba de confirmar la Audiencia Nacional, «porque no parece normal que todos los contratos sean exactamente iguales para todos los productores», «lo que evidencia que no hay negociación, por tanto, hay una imposición de precios a la parte más débil, que son siempre los productores».

Al respecto, el responsable de Producións Extensivas e Ecolóxicas de UU.AA., José Ramón González, avisa de que «no puede seguir esta situación», puesto que es una problemática que «se alarga en el tiempo». Exige a los organismos de control y competencia que «tomen nota» para atajar esta cuestión. Por ello, se insta a que se investigue a un centenar de industrias cárnicas que operan en Galicia, si bien alrededor de una decena suponen el 60% del mercado.

UN EUROS MENOS POR KILO

En Galicia, hay alrededor de unas 20.000 explotaciones cárnicas, de las cuales en torno a 8.000 son profesionales y las 12.000 restantes funcionan como actividad complementaria. González remarca que juegan un «importante» papel económico y demográfico en zonas donde «el abandono es más pertinaz y persistente».

Esta organización agraria se vale de datos de la propia Administración gallega para esta denuncia. Por un lado, un estudio de la Fundación Juana de Vega de 2022 que situaba el coste de producir un kilo canal de carne en 6,20 euros, en un año en el que los productores cobraban sobre 5,10 o 5,20 euros por kilo. Posteriormente, esta misma fundación realizó otro informe en 2023 en el que elevaba los costes –ya con datos de inflación tras la invasión de Ucrania– a 7,50 o 7,60 euros por kilo, lo que contrastaba con un precio medio de 6,20 euros que pagan industrias. Esto arroja un diferencial de un euro en ambos casos.

Según los cálculos de Unións Agrarias, esta situación acarrea un déficit de 12 millones de euros en los precios que reciben los productores de Ternera Gallega Suprema, que eleva a 16 millones en el conjunto de ganaderos cárnicos de Galicia.

Paralelamente, Porto se queja de que la Xunta articula ayudas para productores de Ternera Gallega Suprema, pero «se deja fuera a una parte importante» del sector.

«CONFIANZA» EN QUE SE ACTÚE

Preguntados sobre si creen que estas denuncias pueden tener un mayor respaldo en un contexto de movilizaciones agrarias y después de las recientes sentencias de la Audiencia Nacional contra el cártel de la leche, estos representantes de Unións Agrarias han coincidido en mostrar que tienen una «confianza» en que se actúe contra este supuesto pacto de precios de las industrias cárnicas.

Porto explica que los fallos de la Audiencia Nacional dan «confianza» en que pueda haber avances también en la carne. De hecho, reflexiona acerca de que cuando se abre una investigación el efecto en las industrias es «bestial», pues crea un «efecto dominó» por el cual «todo el mundo se pone las pilas para no ponerse de acuerdo». Además, valora que este es un momento «especialmente sensible» en el que el consumidor «consumidor por primera vez se está dando cuenta de lo que está sucediendo», con una «sensibilización de la opinión pública mayor».