El interventor municipal de Ourense ha presentado una demanda por acoso laboral y por incumplimiento de medidas de seguridad contra el Ayuntamiento y contra el alcalde, Gonzalo Pérez Jacome, que está en trámite por el Juzgado de lo Social número 1 de Ourense, según confirman fuentes judiciales.

Cabe recordar que el regidor abrió expediente de cese contra el interventor el pasado 20 de diciembre por «discrepancias», así como por «obstrucción», según anunció él mismo en una sesión plenaria ese mes. A ese expediente presentó alegaciones el interventor solicitando que finalizase «el acoso» hacia su persona.

En el documento presentado por el encargado de fiscalizar la gestión económica del Ayuntamiento, hablaba de acoso laboral y mencionaba «intimidaciones» por parte del regidor, señalando la «descalificación profesional», la «desacreditación personal» e incluso «burla con difusión mediática» y «hostigamiento constante».

Además, calificaba las acusaciones del alcalde de «tener actitudes obstruccionistas o dilatorias» de «frágiles en su rigor técnico» y de «escasa fiabilidad» y se ratificaba en distintos informes emitidos a lo largo de los procedimientos de modificaciones presupuestarias.

También aludía al «Modo DO», haciendo referencia a la sentencia, aún no firme, también del juzgado de lo Social número 1 de Ourense por el acoso laboral al que fue sometida la intendente de la Policía Local, María Barrera, por parte del exedil de Democracia Ourensana de la Concejalía de Seguridad Ciudadana.

Argumentaba que el alcalde trataba de apartarlo de sus funciones y que en varios plenos llegó a acusarlo de «negligente», de actuar «con mala fe» o de amenazar su gobierno con «una guerra jurídica», por lo que solicitaba la activación del protocolo antiacoso del Ayuntamiento.

Ahora, la situación ha llegado al Juzgado de lo Social número 1 de Ourense.