El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, ha dado cuenta de los asuntos aprobados este viernes en la Xunta de Gobierno Provincial entre los que se incluye la inversión de más de 455.000 euros en la puesta en funcionamiento del plan bianual 2024-25 del Servicio de Vigilancia, Inspección y Control de la gestión de residuos de competencia municipal.

Luis López ha explicado que el plan aprobado para regular este servicio comenzará a funcionar de modo inicial en los 15 ayuntamientos adheridos al mismo con inspecciones «exclusivamente didácticas», sin perjuicio «de que si se observan incumplimientos graves se levantará el acta correspondiente» y se la remitirá al ayuntamiento para que, «si lo considera, imponga una sanción de acuerdo con la Ley de Residuos».

El presidente de la Diputación pontevedresa ha explicado el objetivo de este plan es «ayudar a los ayuntamientos a que mejoren los datos de separación de residuos» y para ello se programarán y organizarán inspecciones, inicialmente de carácter puramente didáctico, «adaptadas en función de las actividades y también de los establecimientos» que generen esos residuos.

El nuevo servicio fue diseñado dentro del Plan Revitaliza del anterior gobierno provincial con la intención de ayudar a los municipios a que cumplan la normativa de la Unión Europea en materia de residuos, «somos muy conscientes de la carga de trabajo que tienen los ayuntamentos y la falta de medios», ha señalado Luis López.

El cuerpo de personal inspector estará formado por funcionarios provinciales, que serán los encargados de identificar posibles incumplimientos y riesgos ambientales asociados a la actividad de negocios y empresas, pero en ningún caso en domicilios particulares. Deberán realizar exámenes y controles periódicos, incluso realizando grabaciones de imágenes, para levantar actas. «Hay que mejorar nuestra cifra de separación de residuos», ha recordado Luis López.

Las inspecciones certificarán que los residuos generados se entregan adecuadamente a gestores autorizados -o al sistema del ayuntamiento al que estén adheridos-, y ver que cumplen las ordenanzas municipales y la normativa vigente en el referido al tratamiento de las diferentes fracciones: papeles, metales, plástico y vidrio y, fundamentalmente, a los biorresiduos, que deben recogerse de manera separada.