La Xunta ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el proyecto de humanización de la carretera N-550 en el tramo coincidente con la Travesía do Milladoiro, aprobado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible sin someterse al trámite de información pública, según ha afirmado la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade.
La conselleira Ethel Vázquez ha informado de esta decisión a los representantes de la Asociación de Veciños A Xunlla de Laraño que solicitaron una reunión con la Xunta para abordar este proyecto.
En el recurso, tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en una nota de prensa, alega que se incumplieron trámites preceptivos para la aprobación del proyecto de la actuación, «que tiene importantes afecciones a las vías de titularidad autonómica».
Así, ha explicado que la Xunta elaboró un estudio del impacto de esta intervención, «que arroja como principal consecuencia el trasvase de tráfico de la N-550 a la autovía Santiago-Brión y a la vía Pardiñas-As Galanas, con motivo del incremento de los tiempos de viaje como consecuencia de la reducción de carriles de la travesía.
Este informe realizado por la administración autonómica también ha puesto el foco en la intensidad de ese trasvase de tráfico en la fase de construcción, debido a las restricciones en la propia travesía, con cortes alternativos y circulación por zonas no pavimentadas.
El estudio, ha señalado la Consellería, indica que este transvase en la situación final supondrá un desvío de un 24% del tráfico que actualmente circula por la travesía, es decir, unos 7.500 vehículos diarios, un porcentaje que se podría incrementar hasta el 50% durante la ejecución de las obras.
Además, la Xunta destaca que el incremento de tráfico en la autovía AG-56 y en el corredor Pardiñas-As Galanas supondrá un coste adicional de 1,6 millones de euros anuales para las arcas autonómicas, «debido a los pagos generados por el tráfico adicional.
En este contexto, el recurso contencioso-administrativo formulado por la Xunta alega que, «a pesar de estas afecciones a las vías autonómicas, el procedimiento para la aprobación del proyecto no cumplió los trámites necesarios de sometimiento a información pública, dar audiencia a la Axencia Galega de Infraestruturas como administración afectada y analizar otras alternativas posibles para la actuación».

