El Gobierno ampliará las ayudas a la industria electrointensiva para las compensaciones por emisiones de CO2 hasta los 300 millones de euros, un 25% más que en 2023, según anunció el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu.

En comparecencia ante la Comisión de Industria y Turismo del Congreso de los Diputados, Hereu afirmó que el objetivo del Gobierno es incluir el incremento en esta partida en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2024.

En este sentido, Hereu aseguró que el Gobierno está «encima de todos y cada uno de los temas» y, en el caso preciso de Alcoa, indicó que se está «trabajando», como demuestra la reunión que hubo el pasado viernes del Gobierno central, Xunta, empresa y trabajadores.

«Estamos para que se cumplan los acuerdos y es evidente que nosotros lo que no queremos es perder proyectos industriales en este país. Quien esté dispuesto a liderar proyectos tendrá nuestro apoyo y a quien no tenga la voluntad de desarrollar proyectos industriales también les diremos que no nos hagan marear la perdiz», aseveró.

Adicionalmente, señaló que también se van mantener las subvenciones contempladas en el Estatuto del Consumidor Electrointensivo «hasta el máximo que permite la Comisión Europea».

A este respecto, el ministro recordó que 2018 y en sus años anteriores esta partida de ayuda al sector electrointensivo era de apenas seis millones de euros, «contrastando con los recursos que destinaban otros países del entorno», y que desde entonces el Gobierno ha ido incrementándola hasta los 244 millones de euros que se presupuestaron en 2022 y en 2023.

Hereu destacó que la competitividad de la industria es «una cuestión clave» para este Gobierno y, por ello, recordó «el esfuerzo» que se ha realizado y que «se sigue haciendo» para que la energía tenga un precio «asequible» o con una partida extraordinaria de 450 millones de euros en 2023 para compensar a la industria gasintensiva.

En paralelo a estas medidas, Hereu añadió que su Ministerio está trabajando también «con plena coordinación» con el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico en el seguimiento de las inversiones para la ampliación de la capacidad de la red y en aquellas instalaciones de energías renovables asociadas a proyectos industriales.

EL PP CONSIDERA QUE SON «PARCHES»

A este respecto, el diputado del PP Francisco Conde recriminó a Hereu que las empresas electrointensivas se «encuentran indefensas» debido a que el Gobierno «es incapaz de poner un precio eléctrico estable y competitivo en igualdad de condiciones con respecto a los competidores europeos» y consideró esta ampliación de las ayudas de «parche».

Así, subrayó que esta ampliación de la dotación a los electrointensivos hasta los 300 millones representan apenas el 8,8% del total de los ingresos de CO2 de 3.400 millones de euros, cuando la Comisión Europea «habilita a los Estados miembros a conceder un máximo del 25%, que supondría en España 850 millones de euros».

«Ese gap, señor ministro, es lo que explica que en estos momentos, en España, en el precio final que tienen que pagar estas empresas por el precio eléctrico sea tres veces superior al que tienen que pagar en Francia y en Alemania. Las empresas electrointensivas, señor ministro, no necesitan más parches», afirmó.

Por ello, advirtió de que lo que necesitan los trabajadores de la planta de Alcoa en San Cibrao (Lugo) o de Arcelor en Asturias es «una solución definitiva» que garantice la viabilidad de las plantas». «Y eso pasa, sí o sí, por una solución al precio de la energía», dijo.