El Consello de Contas ha detectado usos irregulares de contratos tanto en procedimientos abiertos como de tipo menor en diferentes entes dependientes del Gobierno gallego, según se recoge un informe de fiscalización publicado este miércoles.

En concreto, en el 23% de las entidades dependientes de la Xunta se detectó «la utilización irregular de contratos menores como contratos-puente para garantizar la continuidad de un servicio mientras no se resolvía la licitación a través de otros procedimiento». El importe ascendió a unos 211.000 euros (2% de la muestra) en 2018.

En detalle, identifica a dos entidades que prolongaron en el tiempo la situación de transitoriedad encadenando sucesivos contratos menores, lo que dio lugar a un acumulado de 3,5 millones y más de 129.000 euros en cada caso.

Si bien con carácter general las entidades dependientes de la Xunta respetaron el límite cuantitativo para contratos menores, Contas avisa de que hubo un «incumplimiento de límites en 14 contratos», los cuales suman unos 455.000 euros. Dice que este exceso es solo de un céntimo en tres casos, pero «en 11 se superó claramente».

Además, en el 65% de las entidades se identificó una superación del límite temporal de un año mediante la prestación continuada de servicios que responden a una necesidad permanente –en 51 contratos por unos 870.000 euros–.

También en el 46% de entes hubo un uso de contratos menores para contratar prestaciones que responden a necesidades recurrentes y cuyo importe, calculado de forma acumulada, excede el límite permitido para adjudicar de forma directa. El 15% de las entidades hace un uso de «supuestos de fraccionamiento indebido del objeto del contrato» –suman 62 contratos por más de 850.000 euros–.

MÁS DE 23.000 CONTRATOS MENORES EN 2018

En 2018, las entidades instrumentales del sector público autonómico adjudicaron 477 contratos mediante procedimiento abierto, con un importe de unos 251 millones, lo que supone el 77% del total del ejercicio. En el 60% de los expedientes «no se motivó la elección de los criterios de adjudicación, incumpliéndose el artículo 116.4 de la Ley Contratos del Sector Público».

En cambio, los contratos menores suponen el 95% de los expedientes adjudicados en número, con un total de 23.141, aunque el importe de la adjudicación solo representa el 16%, con más de 51 millones. El resto de contratos que no son menores ni de tipo abierto se reserva para diálogos competitivos y emergencias, entre otros. Eso sí, el importe adjudicado a través de contratos menores «se incrementó» entre 2018 y 2022.

IRREGULARIDADES EN CONTRATOS ABIERTOS

Entre los contratos de procedimiento abierto, Contas también observa en el 46% de los expedientes revisados que se incluyeron criterios de adjudicación «susceptibles de anulación por ser contrarios a la legalidad o la doctrina de los órganos de recursos contractuales». «En el 28% de los casos la irregularidad tuvo que ver con la valoración de los medios humanos que se adscriben al contrato, bien porque no se justificó su relación con una mejora significativa en su ejecución o bien porque se utilizaron criterios de solvencia como criterio de adjudicación. La valoración de la experiencia, cualificación o incremento de los medios humanos sin justificar su proporcionalidad con el objeto del contrato puede actuar como factor restrictivo de la concurrencia», recoge el Consello de Contas.

En el 14% de los expedientes la irregularidad se refiere a las mejoras evaluables mediante juicios de valor que no estaban suficientemente especificadas, «resultando imprecisa tanto su definición como la motivación de las puntuaciones que se asignaron en los informes técnicos». «Esta imprecisión contraviene el artículo 147.5 de la LCSP y afecta a los principios de transparencia e igualdad de trato restando objetividad al proceso de selección», agrega.