El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha manifestado su intención de retomar la tramitación de la Ley de Servicios Sociales en colaboración con las comunidades autónomas atendiendo a las competencias que tienen en materia de asistencia social.
Así lo ha indicado este martes durante una reunión con la presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, María Chivite, en el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. En el encuentro también han estado presentes la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, y la consejera navarra de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Carmen Maeztu.
En este sentido, el ministro ha agradecido el apoyo que el Gobierno de Navarra ha manifestado a esta ley, así como sus aportaciones para mejorar el texto. «Las políticas navarras en materia de dependencia, servicios sociales y garantía de rentas son referentes a nivel estatal en muchos ámbitos», ha señalado Bustinduy, quien ha insistido en la necesidad de seguir consolidando y fortaleciendo los servicios sociales públicos para prestar una atención más adaptada a las necesidades actuales de la ciudadanía.
Por ello, ha insistido en la importancia de aprobar cuanto antes la Ley de Servicios Sociales, porque, según ha dicho, «aportará valor a las competencias que ejercen las comunidades autónomas», destacando que la norma permitirá reconocer los servicios sociales como servicios públicos esenciales o eliminar las barreras normativas que están dificultando el acceso a las ayudas de emergencia social y, de esta manera, posibilitar que sean concedidas de manera más rápida y directa.
Asimismo, ha destacado otros aspectos positivos de esta ley como, por ejemplo, que garantizará que las personas que reciben servicios y prestaciones básicas tengan reconocido el derecho a seguir recibiéndolos si cambian su residencia de una comunidad autónoma a otra. De esta manera, según ha señalado, se podrá garantizar la igualdad de derechos en todo el territorio.
Además, durante la reunión, el ministro de Derechos Sociales ha reafirmado su compromiso con que la Administración General del Estado siga aumentando la financiación en materia de Dependencia hasta que represente el 50% del total, una cifra que, según Bustinduy, permitirá asentar un nuevo modelo de cuidados de larga duración. Esto se llevará a cabo con la Estrategia de Desinstitucionalización y la modificación de la Ley de Dependencia, según ha precisado.
Por su parte, María Chivite ha destacado los grandes desafíos que afrontan tanto el gobierno navarro como el gobierno central en torno a la protección social y a la prestación de mejores servicios, y ha hecho hincapié en la buena sintonía entre ambos ejecutivos para llevar a cabo estos retos.
En este sentido, la presidenta navarra ha destacado la importancia de blindar el sistema de bienestar para poder desarrollar los derechos sociales y garantizar así una atención digna a personas mayores, con dependencia, con discapacidad o a aquellas que requieren cuidados de larga duración. Según ha indicado, se trata de ofrecer un «nuevo modelo asistencial centrado en la persona».
María Chivite ha repasado también los proyectos que su ejecutivo ha iniciado en la Comunidad Foral en este ámbito como la construcción de once centros de día, cuyas obras comenzaron en 2023 con financiación del gobierno navarro, y a los que se unirán otros centros en 2024 y nuevos pisos para personas con discapacidad.
Por otro lado, tanto el ministro de Derechos Sociales como la presidenta navarra han hablado de la necesidad de ofrecer una respuesta integral y coordinada a las personas sin hogar para paliar las dificultades que tienen en el acceso a la vivienda y que, según han advertido, se están mostrando como una de las expresiones más graves de exclusión y vulnerabilidad social.
En este sentido, Pablo Bustinduy y María Chivite han acordado diseñar una hoja de ruta de trabajo junto a entidades locales y el tercer sector para seguir atendiendo a las personas en esta situación.
