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Ecologistas en Acción demanda a la naviera y al capitán del buque que provocó el vertido de pellets en la costa gallega

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Ecologistas en Acción ha presentado este martes en el Juzgado de Noia (A Coruña) una demanda penal contra la empresa armadora propietaria del buque portacontenedores ‘Toconao’, así como contra su capitán, a los que atribuye un presunto delito contra el medioambiente y los recursos naturales por la afectación a las costas gallegas del vertido de millones de pellets de plástico.

En la demanda, pide que imponga una caución a la empresa de no menos de 10 millones de euros que permita acometer los costes de restauración. Joam Evans, de Ecoloxistas en Acción, ha explicado en declaraciones a los medios que entienden que existe una responsabilidad penal y quieren «hacer efectiva esa máxima de que quien contamina paga». En este caso, ve «evidente que hay una contaminación grave que implica un delito contra el medioambiente».

Con todo, ha avanzado que la investigación «va a ser complicada» y ha señalado que la interposición de esta denuncia «no quita que las administraciones deberían estar tomando las acciones necesarias en el ámbito de la responsabilidad civil».

Precisamente sobre el papel de las administraciones, Joam Evans ha reconocido que «no están respondiendo», sobre todo, «con la experiencia» de Galicia con el Prestige. Ante esto, ha manifestado que se esperaría que los mecanismos de reacción frente a este tipo de problemáticas «deberían estar listos para echarse a andar cuando fuese necesario». «No se ha aprendido de lecciones del pasado», ha lamentado.

ACTIVACIÓN NIVEL 2

En cuanto a la activación del nivel 2 del Plan Territorial de Contingencias por Contaminación Marina Accidental (Camgal), el ecologista considera que son decisiones «que parecen basadas en criterios de oportunidad política más que en necesidad de intervención».

Para el representante de Plademar Muros-Noia, Rogelio Santos, –que también firma la denuncia– la Xunta no activa este nivel para «dar la impresión de que pueden controlarlo» y de que «todo está bajo control». También cree que «hay motivos electorales detrás» para justificar una actuación que lleva «un mes de retraso».

«El día 13 saltaba la noticia de que había sacos de pellets y hace diez días que es la propia gente la que tiene que organizarse para informar, para mapear los puntos donde están los pellets, para recogerlos de manera ordenada y efectiva, porque la Xunta era inacción total, estaban desaparecidos, no sabían del tema. Parece que gobernaran Marte y no Galicia. Ellos son los que gobiernan Galicia y si tenemos que esperar por ellos pues nos darán las uvas pero del año que viene», ha censurado.

En este contexto, Rogelio Santos ha pedido a la Xunta «que active de una vez» el nivel 2 del Camgal y se pongan «todos los medios disponibles». «En Galicia sabemos hacer las cosas, pero formamos parte de España para pagar, para contribuir, para aportar pescado, pero también para que se nos eche una mano cuando estamos en dificultades como nosotros los gallegos lo haríamos si esto hubiera sucedido en Madrid o Barcelona», ha defendido.

Por todo esto, ha reivindicado, ponen esta denuncia, ante un asunto que «no debe preocupar solamente a los pescadores y mariscadores», sino «a todos» y «si realmente preocupa la seguridad alimentaria de los productos del mar, hay que actuar ya y retirar esos pellets».

EXPERTOS XUNTA

Además, Rogelio Santos ha insistido en que Galicia «vuelve a vivir lo de siempre». «Sucedió cuando fue el Prestige, sucede cada año con los incendios, ha sucedido con las minas de San Finx, donde tampoco veían contaminación y resulta que los pescadores, mariscadores, los colectivos ecologistas, que supuestamente no somos la gente preparada, no somos la gente que entendemos, sabíamos que había contaminación en la mina de San Finx y al final, mientras la Xunta se reía de nosotros y miraba para otro lado, Augas de Galicia ha constatado que había niveles de cadmio cien veces superiores a lo que permite la ley», ha argumentado.

Por eso, ha cuestionado al Gobierno gallego que «a lo mejor tiene que revisar a los expertos» y revisar «cómo están haciendo su trabajo de algo que afecta a toda la población y no solo a Galicia».

«Vuelvo a repetir lo de la importancia de activar el nivel 2, como ya se ha hecho en Asturias, y que no somos ni peores ni mejores que ellos. Es una cuestión de sensatez, de responsabilidad, de humildad», ha aseverado.

A Santos Queiruga también le han «sorprendido» las declaraciones de científicos que decían que «los voluntarios no pueden ir a retirar los pellets porque pueden estropear los bancos marisqueros».

«Si los bancos marisqueros llevan 50 años sin tratárselos como es debido, sin depurar debidamente las aguas residuales, sin tratar debidamente con la debida exigencia como se nos exige a los pescadores, que respetemos el mar y las tallas mínimas y las especies protegidas, y la minería ha estado vertiendo al mar contaminantes y no se ha estado cuidando de las rías como debería haber hecho el gobierno de la Xunta», ha censurado.

También Podemos ha presentado denuncia por este «desastre medioambiental» que consideran «un delito contra la salud pública». «Hablamos de la negligencia, de la dejadez, del abandono de la Xunta», ha criticado la candidata de la formación morada a la presidencia de la Xunta, Isabel Faraldo.

DOS TIPOS DE PELLETS

Por su parte, Ana Díaz Freiría, de Ecoloxistas en Acción, se ha referido a la afectación de este material a la costa, señalando que «hay dos tipos de pellets», pese a que la Xunta «dice que son inocuos porque son PET», pero, según ha destacado la ecologista, «hay sacos que tienen una información de que son pellets resistentes a rayos ultravioleta, que podrían afectar a la salud humana».

Por eso, ha pedido a los voluntarios que participen en la recogida que usen guantes para «no tocar las mucosas por precaución». «Lo más seguro es que haya los dos tipos de pellets», ha afirmado.

Asimismo, ha reconocido que «todos los años pasan estas cosas, los grandes buques pierden containers, es algo normal». Por eso, demanda «mejorar la seguridad» y que exista una legislación adecuada.

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