El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (Mitma) ha resuelto este sábado la actualización de los peajes de las autopistas de titularidad estatal bajo concesión administrativa para 2024 y la AP-9 subirá un 6,55%.
Ante esta resolución, a partir del 1 de enero, las tarifas subirán entre un 5% y un 6,65%, en función de las condiciones específicas de cada concesión.
El ministerio dirigido por Óscar Puente ha enmarcado que la actualización de las tarifas que soportan los usuarios en la AP-51, AP- 61, AP-6, AP-53, AP-66, AP-7 Alicante-Cartagena, AP-7 Málaga-Guadiaro, AP-68 y AP-71, AP-9 y AP-46 se ha aprobado a través de una orden ministerial, a propuesta de la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje.
En concreto, la revisión de tarifas de 2024 ha supuesto un alza del 6,65% para la AP-46 y AP-7 Alicante-Cartagena; del 6,55% para la AP-9; del 5,12% para la AP-68; del 5,07% para la AP-6, AP-51, AP-61, AP-53, AP-71 y AP-7 Málaga-Guadiaro, y del 5% para la AP-66.
Con todo, el ministerio ha explicado que, de producirse la revisión de tarifas sin las subvenciones existentes, las alzas se incrementarían entre un 8% y un 10,5%.
El departamento ha indicado que la aplicación de esta medida ha supuesto en 2023 un ahorro de más de 33 millones de euros a los usuarios, en tanto que el importe que representa la subvención pública en 2024 se estima en 30 millones de euros.
En su exposición de motivos, el organismo ha aducido que el incremento autorizado responde, fundamentalmente, al crecimiento del índice de precios al consumo, tal como contempla el artículo 77 de la Ley 14/2000, y a las medidas extraordinarias y temporales aprobadas a finales de 2022 para limitar el alza de los peajes al 4% en 2023.
Asimismo, la institución ha señalado que el año pasado se habilitó una subvención para mitigar los efectos de la alta inflación, ya que se debería haber aplicado una subida de entre el 8,4% y el 9,5%, y se estableció la obligación de eliminar dicha subvención a finales de 2026, es decir, de «irla repercutiendo al usuario de forma escalonada en el plazo de tres años, así como, por tanto, de dotar las partidas presupuestarias necesarias para ello».
«Hay que tener en cuenta que la subida de tarifas es acumulativa, de ahí la necesidad de repercutir nuevamente al usuario la diferencia que no abonó en 2023, aunque poco a poco, para que pueda ser asumida en mejores condiciones por los ciudadanos», ha apuntado el ministerio en el comunicado.
Por otra parte, el Ejecutivo ha señalado que se ha decidido no elevar los peajes de las autopistas que gestiona SEITT, que por problemas financieros revirtieron al Estado, que no se han elevado desde 2019, cuando se redujeron un 30% de media.
BONIFICACIONES AL PEAJE
El ministerio ha reivindicado a su vez la «política de subvenciones a los peajes para reducir los costes que soportan los usuarios que utilizan estas vías de forma habitual» y ha citado ejemplos, como la AP-71, AP-46, AP-6, AP-7 Málaga – Guadiaro y AP-7 Alicante-Cartagena, en la que se establecieron descuentos por habitualidad o tarifas reducidas en distintas franjas horarias desde su puesta en servicio.
En ese sentido, también ha traído a colación, entre otras, las bonificaciones aprobadas en 2021 para la AP-9, que hasta la fecha un ahorro para los usuarios de más de 315 millones de euros, en tanto que, tras los acuerdos de investidura, estas bonificaciones por habitualidad en la AP-9 «se van a ver incrementadas aún más a partir de 2024, a lo que se van a sumar las nuevas bonificaciones a realizar en la AP-53».
De su lado, el Ejecutivo ha recordado que, en algunos casos estas bonificaciones han sido concertadas con los Gobiernos autonómicos, que contribuyen económicamente a la medida.
