Alcoa asegura estar «comprometida» a «cumplir con las obligaciones del acuerdo de viabilidad» de la planta de San Cibrao, en el municipio de Cervo (Lugo), si bien busca «soluciones potenciales» para garantizar que las operaciones «sigan siendo sostenibles en el medio y largo plazo», ya que calcula que tendrá pérdidas de más de 200 millones de euros en 2024. De tal forma, empresa, administraciones y trabajadores se han emplazado a reunirse en enero –mes en el que deben reactivarse las cubas de la planta de aluminio– para fijar una «hoja de ruta» que marque el futuro del complejo industrial de A Mariña.

En un comunicado tras la reunión de la mesa de seguimiento –con participación de administraciones, empresa y sindicatos– de este viernes, celebrada en Madrid, Alcoa ha asegurado que «no se han tomado decisiones y la compañía quiere trabajar con los diferentes actores tanto a nivel regional como nacional sobre posibles soluciones». «Para Alcoa es importante que el proceso y cualquier decisión que se tome sea respetuoso con nuestros empleados y otras partes interesadas, incluidos los contratistas», agrega.

Por ello, se ha acordado tener una reunión en enero para discutir la situación con más detalle, «compartiendo medidas que podrían tomarse para ayudar a asegurar el futuro del complejo de San Cibrao».

La multinacional expone que, desde la firma del acuerdo de viabilidad, ha invertido 26 millones de dólares en los distintos proyectos incluidos en el mismo. «Hemos visto también cómo las pérdidas asociadas a la fundición han sido mayores de lo previsto y cómo la refinería sigue teniendo unos resultados financieros muy negativos a pesar de la reducción del ritmo de producción, fundamentalmente por factores de mercado», sostiene.

Durante los nueve primeros meses del año 2023, las operaciones de Alcoa en España «han tenido aproximadamente 160 millones de dólares de flujo de caja negativo, que comprenden aproximadamente 130 millones de dólares de pérdidas operativas más 30 millones de dólares en inversiones en las dos plantas».

Para el año 2024, estima unas pérdidas adicionales de más de 200 millones de dólares, «que incluyen tanto las pérdidas operativas y los gastos asociados con las inversiones de acuerdo con el plan». «Basándose en las condiciones económicas actuales y previsibles, se necesita una solución a largo plazo para afrontar las condiciones insostenibles de las operaciones de San Cibrao», deja claro.

A esto se une que «los retrasos en la energía disponible de los PPA (acuerdos energéticos a largo plazo) firmados son parte del problema a medio plazo». «Esto combinado con un precio del aluminio y de la alúmina sustancialmente más bajos, ha creado una situación muy difícil para Alcoa en España tanto para 2024 como para los años siguientes, que debemos considerar de manera integral», afirma la multinacional.

COMITÉ: SIN EL HORNO «NO HAY ACUERDO»

Por su parte, el presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, ha criticado que «Alcoa sigue empecinada en el mismo problema: decir que pierde 700 millones y que el próximo año prevé perder 200 millones».

«No compramos el discurso de Alcoa, dado que el año 2020 y 2021 todo lo que se perdió fue por su campaña que tuvo de ir juzgado tras juzgado, mala fe tras mala fe y estar un día tras otro en huelga con nosotros y en pelea», recrimina.

Incide en que el acuerdo para San Cibrao tiene «una base y solo una», que es el horno de cocción para ánodos, pues «sin él no hay acuerdo de viabilidad», ya que supone una inversión de 109 millones del total de 180 millones.

«Nosotros hemos cumplido y trabajado de buena fe», contrapone. Recuerda que los trabajadores dejaron «una huelga para un proceso de venta que no quiso continuar», además de renegociar el plan de viabilidad para dar plazos más largos.

«Nos encontramos que tenemos unas relaciones laborales casi muertas», recrimina Zan a Alcoa. «Más de lo que hemos dado somos incapaces de dar», deja claro.

Paralelamente, exige a las administraciones «saber cómo están actualmente las PPA» para llegar al 50% de energía que necesita el complejo de A Mariña. Para ello, exige al Ministerio para la Transición Ecológica «que se moje» y que participe en próximas reuniones.

Y es que Zan avisa de que, en el caso de que Alcoa decida «ponerse a un lado», «el que venga» debe tener esos parques eólicos y esa energía. «No es un tema de la planta, es un tema de Galicia», sentencia.

Los gobiernos central y gallego «dicen que están dispuestos a apoyar», resalta Zan, pero piden «concreción» a Alcoa para esas necesidades, lo que se expondrá en la nueva reunión en enero.

EL GOBIERNO VE MARGEN PARA MÁS AYUDAS

Mientras, el Ministerio de Industria se ha comprometido a «trabajar y sumar esfuerzos» con la Xunta, Alcoa y comité para garantizar el futuro de la compañía.

Previamente a la reunión de este viernes, la secretaria de Estado de Industria, Rebeca Torró, ha comprometido que «por supuesto que hay margen» para dar más ayudas a Alcoa de cara al futuro de la planta de San Cibrao.

Toda vez que ha terminado la mesa de seguimiento, Torró ha dicho que: «Ha sido positiva porque nos hemos comprometido todas las partes en trabajar y seguir sumando esfuerzos por el presente y el futuro de Alcoa».

«Hemos podidos constatar que la empresa sigue con el compromiso de cumplir los acuerdos», resalta. Asimismo, se fijará esa hoja de ruta a principios de enero para «identificar todas las cuestiones» que Alcoa plantea.

LA XUNTA URGE AL GOBIERNO A AUTORIZAR EÓLICOS

La conselleira de Economía, Industria e Innovación, María Jesús Lorenzana, ha reclamado a Alcoa un calendario de actuaciones «claro y con transparencia», al tiempo que emplazado al Gobierno a que implante medidas de apoyo a la industria electrointensiva, incluida la autorización inmediata de los parques eólicos de competencia estatal vinculados con la factoría. «A día de hoy no hay aún ningún parque de Alcoa que dependa del Estado que esté autorizado», apostilla.

En este sentido, requiere a la empresa que «traslade a las administraciones qué es lo que espera o precisa de cada una para apoyar la continuidad de esta industria».

Finalmente, Lorenzana demanda al Gobierno que, «de manera urgente», adopte medidas en el estatuto de consumidores electrointensivos que favorezcan una reducción de precios de la energía.