Los gobiernos de Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia y Aragón ha remitido una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la que se solicitan una reunión urgente, de carácter presencial, para abordar el aumento de efectivos en las unidades de Policía Adscrita en sus respectivos territorios.

«Como ministro de Interior, sabes que la seguridad y servicios que prestan nuestras policías en todo el territorio nacional alcanzan las mayores cuotas de valoración por parte de los españoles y a ello contribuyen también estas unidades policiales de la Policía Nacional adscritas a nuestras comunidades, por lo que el que éstas cuenten con una dotación de efectivos suficiente es una urgente necesidad, ya que si no hay suficientes unidades policiales, los tiempos de respuesta ante emergencias pueden ser más largos, lo que puede poner en peligro la vida de las personas», según se recoge en la carta, que está fechada el 11 de diciembre, y que se ha dado a conocer este viernes.

La carta está firmada por el consejero andaluz de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz; por el Vicepresidente primero de Galicia y Consejero de Presidencia, Justicia y Deportes, Diego Calvo Pouso; por la consejera valenciana de Justicia e Interior, Elisa María Núñez Sánchez, y por la consejera de Presidencia, Interior y Cultura de Aragón, Tomasa Hernández Martín.

Trasladan también al ministro que una inversión adecuada en seguridad pública puede ser beneficiosa para la sociedad en su conjunto, ya que puede reducir la delincuencia, aumentar la confianza en las autoridades y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

En este contexto, y ante esta «situación tan preocupante», los consejeros solicitan al ministro mantener una reunión «de urgencia, de carácter presencial», para abordar ese aumento de efectivos en las unidades de Policía Adscrita, recordando que este cuerpo vienen funcionando de «forma satisfactoria para las comunidades autónomas, para el Estado y para los habitantes de estos territorios, donde su actuación y coordinación con el resto de cuerpos policiales son altamente valorados».

Asimismo, ponen de manifiesto que en el transcurso del tiempo, las comunidades y estas unidades policiales han ido aumentando de forma paulatina sus competencias y funciones, complementando en todo momento el trabajo que la Policía Nacional y Guardia Civil realizan en los territorios, descargando al mismo tiempo a éstas de tareas que vienen tradicionalmente asumiendo las unidades adscritas.

Los consejeros trasladan al ministro que todas estas unidades cuentan con un catálogo de puestos de trabajo que, si bien nunca se ha cubierto en su totalidad, «estamos en un momento en que la falta de efectivos de las mismas puede tener un impacto negativo en servicios que las unidades prestan a la ciudadanía, tan importantes como la protección de víctimas de violencia sobre la mujer, de menores, la competencia en el control de juego y protección del medio ambiente y la lucha contra los incendios forestales».

Alertan además de que la falta de presencia policial puede llevar «a un aumento de la delincuencia y la sensación de inseguridad en la población». «Por lo tanto, es importante que las autoridades tomemos medidas para garantizar una cantidad adecuada de unidades policiales en las áreas que lo necesiten, porque además se compromete muy seriamente no sólo el pleno ejercicio de sus funciones, sino también la necesaria colaboración y coordinación con el resto de cuerpos y fuerzas de seguridad que operan en nuestros territorios, además de ver mermados los servicios que necesitan y merecen nuestros vecinos», según recoge la carta.