El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ha abierto un expediente de cese del cargo al interventor del Ayuntamiento por «obstruccionismo continuado».

El regidor lo ha confirmado este martes, trasladando que ya le ha sido notificado al funcionario y que la decisión se basa «en el obstruccionismo continuado» en el desempeño de sus funciones. Así, ha criticado que «utiliza diversas técnicas, entre ellas, la de no informar expedientes, como es su obligación, y así bloquearlos».

Este anuncio llega después de que el propio Pérez Jácome anunciase este lunes en el pleno que acudiría al juzgado a denunciar al interventor por sus reparos a la tramitación de los bonos comercio, aunque este martes ha matizado que primero abrirá un expediente de cese y otro disciplinario: «Después, ya miraremos».

En la sesión extraordinaria celebrada este lunes, en la que el gobierno local no consiguió el apoyo de la oposición para sacar adelante el pago de facturas de los gastos del contrato menor del servicio de los bonos comercio de 2023, el regidor anunció que denunciaría al técnico en el juzgado «por fraude» y por «sacarse una ley de la manga que no existe» para llevar a pleno el pago de las dos facturas al banco por la gestión de estos bonos.

Según Jácome, el interventor «estaba acostumbrado a ser el rey de los expedientes» del Ayuntamiento hasta que llegó Democracia Orensana «y se acabó ese rollo».

En ese sentido, zanjó en el pleno que «lo que diga el interventor no es vinculante, lo que es vinculante es una sentencia judicial», y en esos términos recalcó que con otros grupos de gobierno anteriores el interventor reparaba, pero «como eso no le servía, ahora lo llevaba a pleno aludiendo una pequeña irregularidad», porque, según su versión, «así dice: allí como no tiene mayoría absoluta que se joda».

«IRREGULARIDAD»

En esta línea, defendió que «si hay una pequeña irregularidad aquí es del interventor» y por ello había anunciado que lo denunciaría, insistiendo en que «quien ha cometido una irregularidad es él» por «traer a pleno una discrepancia cuando no hay motivo», «porque eso sí es una ilegalidad».

De este modo hacía referencia al debate entre el informe del interventor que veía ilegalidad en el expediente y el del Coordinador General del Ayuntamiento, fichado por Pérez Jácome, que defendía su legalidad. Una situación ante la que el Partido Socialista alegó que el informe del interventor debe prevalecer sobre el de un contratado por Jácome.

«Si el interventor hace un reparo, pero otro técnico de la casa dice que se puede hacer, nosotros tenemos que buscar lo que es proactivo», manifestó el alcalde, para el que todo «se debe a una guerra de técnicos».

«LAWFARE»

Esta no es la primera vez que el alcalde apunta al interventor. El pasado 28 de noviembre lo acusó de hacer «‘lawfare’, guerra jurídica», criticando que la oposición votó en contra de una modificación de crédito porque no había informe de intervención, ya que el interventor «no fiscalizó dentro del plazo».

Así pues, sentenció en aquel momento que «no se puede tolerar que un funcionario del ayuntamiento no cumpla con lo que nosotros entendemos sus obligaciones» y señaló a la oposición afeando «haberle hecho el juego» al interventor. «Estamos permitiendo que un funcionario gobierne esta ciudad. Como alcalde no voy a permitirlo», remarcó entonces ante un interventor al que no dejó responder a las acusaciones.

No fue la única ocasión en la que se refirió al interventor en estos modos, esa misma semana también lo hizo en otra sesión plenaria. «Si yo pongo verde al interventor o al secretario lo que les queda es joderse y denunciarme si consideran que he hecho alguna injuria, pero no pueden replicar. Solamente pueden hablar en pleno si quieren advertir alguna ilegalidad o hacer algún matiz, no dar su opinión sobre si el alcalde ha metido la pata», expresó entonces defendiendo que «es la ley» quien no deja hablar a ambos funcionarios puesto que «no son cargos electos».

El interventor es el segundo alto funcionario al que abre expediente el alcalde de Ourense. La anterior había sido la tesorera municipal a la que el pasado mes de septiembre acusó de ser «muy tiquismiquis», «más que un notario», «ralentizando todo». «No la podemos despedir porque sí y se tiene que quedar con un puesto similar, pero vamos a proceder a su relevo como tesorera», manifestó, dando a conocer un proceso de cese que, explicó, «suele durar tres meses máximo».