El Gobierno llevará de nuevo este martes a la agenda del Consejo de Asuntos Generales de la UE su petición de que catalán, euskera y gallego sean reconocidas como lenguas oficiales de la Unión a cambio de asumir la factura de este cambio; un asunto que los ministros abordarán por cuarta vez este semestre a petición de España pero sobre el que no habrá decisión porque siguen pendientes los análisis legales, prácticos y financieros que el resto de socios reclaman para examinar el fondo de la cuestión.

Aunque inicialmente figuraba en la agenda como un punto para adopción, finalmente se limitará a un «intercambio» de puntos de vista en el que España hará valer sus argumentos de que el estatus de las tres lenguas cooficiales es un «caso único» en la Unión Europea que no puede ser extrapolado a otras regiones, explican fuentes europeas.

El Gobierno, que hasta el momento no ha presentado una estimación clara del coste que tendría la oficialidad de las tres lenguas, ha trasladado al resto de delegaciones que España asumirá la factura, a pesar de que la inclusión de un idioma en el reglamento que reconoce las lenguas oficiales de la UE y regula su despliegue supondría según las reglas que el coste correría a cargo de las arcas comunitarias.

ESTIMACIÓN PRELIMINAR

La Comisión Europea ha presentado una breve estimación «preliminar» que se basa en la experiencia de Irlanda con el gaélico y apunta un coste anual de 44 millones de euros por lengua, lo que en el caso español elevaría la cuantía a al menos 132 millones de euros por año.

Sin embargo, Bruselas avisa en su informe de que el cálculo no ha tenido en cuenta ninguna de las especificidades del caso español porque no tiene los detalles y que esa evaluación de fondo le llevará «unos seis meses» a partir de que los Veintisiete adopten una «posición formal» sobre la cuestión.

En este sentido, los servicios comunitarios apuntan en su análisis preliminar que será determinante para el impacto financiero el régimen transitorio que plantea España para introducir primero el catalán y dejar para más tarde el euskera y el gallego. Dependerá también, por ejemplo, de la bolsa de traductores e intérpretes capacitados para trabajar en la Unión Europea en estas lenguas, de las bases de datos sobre terminología que existan.

Hasta el momento, ninguna delegación ha expresado su rechazo de plano a explorar la modificación del reglamento pero sí han sido numerosas las que han dejado claro sus dudas por el temor a que abra la puerta a un efecto dominó entre otras regiones europeas y también se han resistido a entrar en un debate de fondo mientras no haya sobre la mesa informes detallados de las consecuencias legales, prácticas y financieras del cambio.

España, en tanto que presidencia de turno del Consejo de la UE durante este semestre, ha tenido la potestad de marcar la agenda de las reuniones de los ministros hasta este diciembre, lo que le ha permitido mantener el punto en el orden del día entre septiembre y diciembre a pesar de no contar aún con los dictámenes que le piden otros socios.

LOS ARGUMENTOS DEL GOBIERNO

En un intento por ganar apoyos antes de la reunión, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, remitió recientemente un documento a los embajadores de España en todos los países de la UE con los argumentos que tienen que esgrimir en estas capitales para recabar su apoyo de cara a que se reconozca la oficialidad de catalán, euskera y gallego.

En concreto, se plantea que la lengua sea originaria de un Estado miembro, lo que excluiría por ejemplo el ruso que se habla en algunos países, y que cuente con reconocimiento constitucional en ese Estado.

Asimismo, para poder conseguir la oficialidad en la UE, la lengua en cuestión tiene que ser de trabajo en el Parlamento nacional, algo que ya cumplen ahora catalán, euskera y gallego en el Congreso y el Senado.

También debe cumplirse con el requisito de haberse usado durante más de 10 años en las instituciones europeas en base a acuerdos administrativos entre las mismas y el Estado miembro, algo que ya ocurre con las tres lenguas cooficiales, y que los tratados de la UE se hayan traducido a dicha lengua y se haya depositado una copia certificada en los archivos del Consejo.

Por último, el Gobierno plantea que el Estado miembro que solicite la inclusión en el reglamento lingüístico de la UE de una lengua debe comprometerse a asumir todos los costes derivados del uso de la misma, como ya ha hecho España.