El proyecto de Ley de Cultura Inclusiva y Accesible de Galicia continúa su tramitación en el Parlamento gallego tras ser rechazadas este lunes las enmiendas de devolución presentadas tanto por el BNG como por el PSdeG, que criticaban el texto por considerar que «carece de contenido».

El texto ha sido defendido este lunes en el pleno de la Cámara gallega por el conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, quien ha destacado que se trata de un proyecto de ley con el que el Gobierno gallego da un «paso decisivo» para facilitar la participación efectiva y real de todas las personas en este ámbito.

«Una ley pionera en España y en Europea, que regulará de forma integral el acceso a la cultura en términos de inclusión y accesibilidad», ha sostenido el conselleiro, que ha destacado que la Xunta quiere «actualizar» el marco jurídico para responder a las necesidades de la «Galicia contemporánea, plural y diversa».

«Queremos conciliar la cultura con la realidad de las diferencias que presentan las personas, especialmente aquellas pertenecientes a colectivos cuya situación pueda significar un obstáculo para su participación», ha asegurado Román Rodríguez, que ha dicho que la Xunta también busca «apoyar y dar visibilidad» a la cautividad y talento artístico de todas las personas», de forma «normalizada y sin estereotipos».

Para ello, ha asegurado que la Xunta inició un proceso participativo, para que la ley sea «verdaderamente útil» y tenga «garantía de permanencia en el tiempo». Con este objetivo, ha explicado que se organizaron siete grandes reuniones en las que participaron 55 entidades públicas y privadas que realizaron aportaciones.

«La propuesta que traemos hoy a esta Cámara es, por lo tanto, fruto de un trabajo de diálogo», ha dicho el conselleiro, que ha señalado que con este texto el Gobierno gallego trata de eliminar los obstáculos y las barreras que impiden el acceso y la participación en la vida cultural y facilitar las condiciones que garanticen la inclusión plena.

Para ello, ha dicho, por una parte se aborda la vertiente centrada en el acceso y el fomento de consumo de productos y servicios culturales y, por la otra, la vertiente creativa para dar visibilidad al talento de todos aquellos que quieran crear cultura, con independencia de su situación.

La Xunta pondrá en marcha siete línea des actuación en las que se incluye la creación, la sensibilización, la formación, la eliminación de barreras, el impulso de cultura en el rural y las nuevas tecnologías.

De este modo, entre otras medidas, la Administración autonómica obligará a garantizar que la actividad cultural llegue a todos los ayuntamientos, especialmente a los menos poblados. Además, eliminará barreras físicas, colectivas, territoriales o económicas, para lo que garantizará que en todas las actividades de la Xunta y de pago se reserven plazas con descuentos o gratuitas para determinados colectivos en riesgo de exclusión.

También incluirá la creación de un plan de inclusión cultural y de un observatorio de la cultura inclusiva, que asesorará, evaluará y hará propuestas de actuación. «Es gran paso para asegurar el derecho universal a la cultura», ha defendido el conselleiro, que ha dicho que Galicia «vuelve a ser pionera» con una ley que «asegura el acceso a los productos culturales» y que está consensuada tanto con el sector como con los principales colectivos que se pueden beneficiar. CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Enfrente, la primera en intervenir ha sido la diputada del Grupo Socialista Noa Díaz, quien ha sostenido que se trata de un documento «vacío de contenido», con el que, en su opinión, «el Gobierno gallego parece que quiere sumar un nuevo texto legal pero sin solucionar la situación de exclusión que existe.

«Ningún artículo introduce una obligación real y efectiva», ha afirmado la parlamentaria, que ha sostenido que se trata «más bien» de una «concatenación de términos y eufemismos» sin contenido. «La palabra obligar no está en el texto», ha censurado Noa Díaz.

Por su parte, la parlamentaria del Bloque Nacionalista Galego Mercedes Queixas ha calificado de «incoherente, inconcreto, irrelevante e ineficaz» el proyecto de ley y ha asegurado que se hizo «sin contar con el sector de la cultura».

Además, ha sostenido que «carece de un contenido claro que comprometa tanto la actuación de las instituciones públicas como de agentes privados para conseguir los objetivos de inclusión social que propugna».

Queixas ha criticado también que el PP no asume el compromiso presupuestario necesario para hacer efectiva la ley «máxime para casos que tienen que ver con colectivos en dificultades». «Su contenido es más propio de un texto programático o de un preámbulo de un plan que pudiese aprobarse sobre la materia que de un texto legal», ha apuntado.

Además, ha censurado que fuese concebido como «una desiderata», un «conjunto de deseos y lugares comunes que, más allá de su formulación formal, no supone medidas concretas para su puesta en práctica», ha dicho para lamentar que nazca «una ley sin expectativa».

Por su parte, el diputado del PP José Luis Ferro ha puesto en valor el texto expuesto por el conselleiro y ha criticado la «incoherencia» de las enmiendas presentadas por la oposición.